El Presidente de la República ha dado un paso importante en el debate del proyecto de ley para vender islas y costas: si no se aprueba por consenso, dice que lo vetará. Loable decisión, ya que tanto apuro de los diputados para aprobar esa norma es sospechoso.

Ahora, si como algunos alegan, lo que se busca es legalizar la tenencia legítima de tierra por parte de quienes la trabajan o residen en ella, no vemos mayores problemas. Para ello, basta incorporar cláusulas que expresa y claramente restrinjan al beneficiario el negociado con las tierras durante determinados años para desincentivar los intereses ocultos de los especuladores.

Al final, lo importante es preservar el derecho de los humildes lugareños y frenar la ambición desmedida de los acaparadores, camuflados de aldeanos. Ojalá esta vez el gobernante cumpla sus promesas, pues durante los últimos cuatro años hemos sido testigos de lo contrario. Confiamos que su postura en este asunto no sea producto de su propio interés, porque sus opositores lo acusan de ser beneficiario de este proyecto de ley.