TITULACIÓN

¿Tierras del Estado o tierras de propiedad privada?

El verdadero debate acerca de la titulación de las islas y costas tiene que ver con quién debe controlar el uso y la distribución de la tierra: ¿El Estado o el dueño de los derechos posesorios?

Los que creen en un modelo privado de desarrollo económico dicen que los legítimos ocupantes de la tierra, y no los gobiernos, son los que deben tener el control y el beneficio de su uso.

Las ventajas son múltiples, y destacamos, entre ellas, crear un país de pequeños propietarios; reconocer el único capital que tiene el pobre en sus tierras y sus casas para que esta persona pueda ser sujeto de crédito y participar en una economía de mercado; lograr la estabilidad jurídica para impulsar la inversión en las áreas más marginadas del país; promover la paz social al evitar desalojos y atropellamientos de lugareños; y evitar la burocracia, los negociados y la corrupción que resultan al dejar en manos del Gobierno la discrecionalidad de qué hacer con la tierra.

Los que creen en un modelo estatal de desarrollo ponen la tierra y las decisiones económicas importantes de qué hacer con ella, en manos de los gobiernos. Para ellos, el Estado y no el poseedor es el que debe controlar el uso de la tierra y el que se debe beneficiar de su venta. Sus creyentes buscan varios objetivos, entre ellos, aumentar las recaudaciones del gobierno vendiendo la tierra al poseedor o a terceros, evitar “regalar la tierra” a inversionistas que pueden pagar por ella, evitar la especulación con los títulos de propiedad, evitar la monopolización de la tierra en manos de unos cuantos, evitar invasiones por parte de precaristas de tierras baldías municipales o estatales, y proteger al pobre de sí mismo evitando que venda la tierra por muy poco dinero.

El problema con los proponentes del modelo estatal es pensar que al negar la titulación, o al encarecerla, alcanzan sus objetivos, cuando la realidad es todo lo contrario, o sea, que los problemas se disminuyen solo titulando la tierra. Por ejemplo, al titularla, el Gobierno aumenta sus recaudaciones con los nuevos impuestos de inmuebles, municipales y ganancia de capitales que resultan al entrar la tierra en la economía formal. Asimismo, el problema de las invasiones de tierras municipales o estatales por parte de precaristas, se elimina haciendo cuanto antes un catastro nacional, determinando dónde hay derechos posesorios, dónde no, y protegiendo los últimos contra futuras invasiones.

El problema de la especulación con los títulos existe porque las tierras que el especulador compra no están tituladas, pues si la estuvieran, lo más seguro es que el lugareño, y no el especulador, es el que recibiría el aumento del valor que el título confiere. El Gobierno se beneficiaría de tal especulación, pues puede cobrar los impuestos de ganancia de capitales que cobra con la tierra titulada.

Se dice también que si se reconoce el derecho a la propiedad, pocas personas se apoderarían de ella, condenando así a la pobreza a miles que viven dentro de los límites de sus tierras. Sin embargo, el mismo problema puede ocurrir en tierras con títulos. Inclusive, la falta de títulos es lo que permite que se monopolice la tierra, pues el precio de compra es menor.

Los negociados, o sea, la compra de derechos posesorios por parte de personas en el poder, tampoco se soluciona negando el título. El crimen no es adquirir la tierra siempre y cuando la paguen, no desalojen a nadie a la fuerza, y no se usen fondos públicos, sino conseguir el título usando poder e influencia. Éste problema solo se acaba titulando, ya que los que tienen el poder no tendrían ninguna ventaje sobre los que no lo tienen.

Asimismo, la pobreza no se elimina negando el título, sino haciendo lo contrario. El registro de los títulos es la forma más rápida de sacar de la pobreza a miles de panameños, pues colocan capital en manos de los dueños de la tierra. Con los títulos, el dueño tiene muchas ventajas, entre ellas, le aumenta el valor de su tierra; puede hipotecar su finca a bancos privados para adquirir crédito; no tiene que constantemente cuidar de sus predios para evitar perder sus derechos y puede realizar otras actividades más productivas; y no está sujeto a que los gobiernos determinen cuáles son sus derechos sobre su tierra. Además, permiten que el lugareño reciba mucho más dinero al venderlo.

Tenemos que aceptar que siempre habrá abusos y consecuencias negativas del derecho a la propiedad privada, ya que una persona puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece, siempre y cuando no interfiera con los derechos de otros. Para evitarlo, no se puede crear un problema más grande, la falta de respeto a la propiedad privada sobre la tierra o la paralización del programa nacional de la tierra. La mejor forma de evitar los problemas mencionados es a través de la titulación y de la integración de los afectados a la economía formal.