LA PRENSA/Archivo La iniciativa pretende titular o vender todas las propiedades que se encuentran dentro de los 200 metros de costa después de la marea alta y las islas del país.

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2:26 p.m. - La Comisión de Hacienda Pública de la Asamblea Nacional dio un vuelco al texto del proyecto de ley N° 459 que busca establecer un procedimiento especial para titular costas e islas, luego de las presiones que ejerció el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Catastro, lo que dejó confusos a los grupos de productores, campesinos, ganaderos, inversionistas y promotores presentes que confiaban en una rápida aprobación.

La sorpresa la dio el proponente del proyecto, diputado Freidi Torres, quien presentó a consideración de la comisión 11 modificaciones nuevas a igual número de artículos, entre los cuales se contemplan valores para la adjudicación conforme a la región y sus características; su categoría y el tipo de solicitante (persona natural o lugareño; y otros solicitantes).

El nuevo texto mantiene en manos de la Dirección General de Catastro la titulación de las propiedades en costas e islas, desconociendo lo que se había planteado en el proyecto original N° 459 de traspasar este procedimiento a la Dirección de Reforma Agraria, en busca de agilizar la expedición de títulos en caso de derechos posesorios y eliminar la discrecionalidad con que se manejaban las adjudicaciones de tierra.

Según las nuevas propuestas, para fijar el valor de la adjudicación se crean seis categorías de regiones en diversas provincias.

El precio va desde 100 dólares por hectárea para el lugareño y de 5 mil a 50 mil dólares para otros solicitantes (cualquiera que no sea lugareño). Este último precio a otros solicitantes se aplicará a islas de Bocas del Toro y a la costa pacífica de la provincia de Panamá.

Igualmente, los otros solicitantes pagarán 40 mil dólares por hectárea en las costas del Pacífico de la península de Azuero y de Veraguas, mientras que en la Costa Arriba de Colón y del archipiélago de Las Perlas se cobrarán 40 mil dólares por hectárea para esta categoría de solicitantes.

Tanto lugareños como otros solicitantes tendrán un plazo de 10 años para pagar las tierras. Otro artículo que causará polémica es el que establece un precio adicional (arriba citado). Este tiene que ver con las mejoras (calles y electrificación), que hayan afectado el predio que se quiere títular o por las condiciones naturales que lo beneficien (cerca a la playa, acantilados, arrecifes, humedales).

A su vez, Mariano Quintero, director de Catastro, expresó que su despacho no podía estar de acuerdo con el proyecto original.

El presidente de la Comisión, Pedro Miguel González, rechazó versiones periodísticas que le atribuían intereses para acelerar la aprobación de esta ley, que ponía un precio de seis dólares por hectárea al lugareño tenedor del derecho posesorio, y dejó claro que se va a discutir con calma y con participación amplia, incluyendo a la Dirección de Catastro.

El próximo jueves, y una vez examinada las 11 modificaciones al proyecto, se iniciará el debate para llegar a consenso. González insiste en que no el proyecto no está escrito en piedra y se escuchará a todos.