[POLÍTICA REGIONAL]

Todos contra el poder de Brasil

Los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela ponen en entredicho las deudas con Brasilia y cuestionan el liderazgo de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

La reciente decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de impugnar ante una corte internacional de arbitraje la deuda de 243 millones de dólares contraída por su país con el Banco Brasileño de Fomento (BNDES) ha configurado un nuevo y delicado escenario en la política regional suramericana.

Atrás ha quedado la prometedora foto de la cumbre de Manaos del pasado 30 de septiembre, en la que Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador anunciaron un ambicioso proyecto de integración regional que incluía inversiones conjuntas para conectar los océanos Pacífico y Atlántico a través de corredores terrestres y fluviales que cruzarían el subcontinente.

Alineados con las posiciones de Ecuador y estrangulados por la crisis financiera internacional, algunos Gobiernos de la izquierda más dura de Suramérica (Venezuela, Paraguay y Bolivia) se plantean ahora revisar sus respectivas deudas con Brasil. Ante la amenaza de una inminente ola de morosidad colectiva, Brasilia ha advertido a sus vecinos que si continúan minando su confianza en la concesión de crédito, paralizará la financiación de los grandes proyectos en ciernes para la integración suramericana.

Brasil está en el punto de mira de varios países de la región que han manifestado su solidaridad con el Gobierno ecuatoriano tras el conflicto diplomático que enfrenta a Brasilia y Quito, a raíz de una serie de deficiencias detectadas en la presa hidroeléctrica de San Francisco, construida en Ecuador por la empresa brasileña Odebretch con financiación del BNDES. Existe un cierto resquemor ante las últimas muestras del liderazgo regional brasileño, que algunos Gobiernos, como el del venezolano Hugo Chávez, ven como peligrosas y excesivas. Correa, que sin complejos califica a Odebretch de empresa “corrupta”, cerró la presa y la ocupó militarmente, expulsó a la constructora del país y posteriormente anunció el inicio de una acción legal ante la Cámara de Comercio Internacional de París para eludir la devolución del crédito concedido por el banco brasileño.

El presidente da Silva, que hasta ese momento se había mantenido cauto, dio orden de llamar a consultas a su embajador en Quito y amenazó con revisar 30 proyectos de cooperación con Ecuador, algunos de los cuales ya han quedado suspendidos. Fuentes del Ministerio de Exteriores brasileño confirmaron que su embajador no ha regresado a Ecuador y que no hay fecha prevista.

El pasado 26 de noviembre, los países que componen la Alternativa Bolivariana para la América (Alba) saludaron la decisión ecuatoriana de cancelar el pago de la deuda contraída con Brasil. El presidente venezolano, Hugo Chávez, respaldado por sus homólogos de Bolivia, Nicaragua y Honduras, anunció “respuestas concertadas” ante acciones “que atenten contra la voluntad de Ecuador de impugnar los créditos que hayan lesionado la economía del país y de su Estado de derecho”. Más allá del espaldarazo a la decisión ecuatoriana, la Alba “recomienda a los países endeudados la realización de auditorías integrales a los efectos de poner en evidencia los actos que han lesionado sus economías y el quebrantamiento del orden jurídico que debe regir en un Estado de derecho”. De esta manera, el eje socialista latinoamericano anima a los Gobiernos de la región a seguir los pasos de Ecuador. El envite ha obtenido una rápida respuesta en Asunción, donde el jueves el presidente paraguayo, Fernando Lugo, anunció la revisión de la deuda contraída por su país con Argentina, Brasil y Taiwan. “Si otros países como Ecuador lo están haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que transparentar las deudas”, declaró el ex obispo.