Dudas por estatización de pensiones
La estatización del sistema privado de pensiones pone en tela de duda el respeto a la seguridad jurídica y la propiedad privada AP. Buenos Aires, Argentina
La estatización del sistema de pensiones podría convertirse en un arma de doble filo para la presidenta Cristina Fernández: aunque aliviaría la presión financiera, podría terminar con ahuyentar a los inversores que ya desconfían de un gobierno que puede cambiar las reglas de juego entre gallos y medianoche.
La ley de estatización, aprobada el jueves en la noche en el Senado por 46 votos a favor y 18 en contra, implica la transferencia al Estado de $23 mil millones en poder de 10 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) además de $4 mil 500 millones que aportan anualmente los afiliados al sistema privado.
“La estatización alienta muchas dudas sobre qué derechos de propiedad y derechos adquiridos va a respetar el Gobierno y cuáles no, lo que reduce las expectativas de inversión no sólo de los grandes empresarios, sino también de la gente común”, dijo a AP Fausto Spotorno, analista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.
La estatización, que según Fernández busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que han sufrido las AFJP por la crisis financiera global, es interpretada por analistas y opositores como un manotazo destinado a financiar los vencimientos de deuda de los próximos tres años, que suman $28 mil millones de dólares.
En un contexto internacional de caída de los precios de las materias primas agrícolas –principal fuente de divisas del país– y acceso cerrado al crédito, los fondos del sistema privado de pensiones son un salvavidas en medio del mar de dudas sobre la solvencia del país.
Pero no está claro si el Gobierno podrá disponer libremente de esos capitales.
|
