ESTRATEGIA INTEGRAL

Alianza contra la violencia

El crimen y la violencia afectan a todos los niveles de la sociedad: a los ricos y a los pobres, a mujeres y hombres, a niños, jóvenes y ancianos. Estos tienen diversas consecuencias para cada individuo y la sociedad.

La violencia y el crimen, especialmente en nuestras áreas urbanas, también generan un clima de temor que se traduce en serias amenazas para la estabilidad de las ciudades, para el desarrollo económico y sostenible, la calidad de vida y los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos.

La respuesta tradicional ante el aumento de los índices de criminalidad y violencia ha sido la aplicación de medidas de control o represión. Dicha modalidad interviene en el problema después de que el delito o acto violento ha sido perpetrado. Su respuesta, por lo general, es “hacer más duro” el sistema legal y judicial, incrementando los recursos y la capacidad del cuerpo policial, aplicando sanciones más severas en un esfuerzo por impedir y reprimir la delincuencia y la violencia.

En dicho enfoque, se asume que el problema de la delincuencia y la violencia es responsabilidad de la Policía, del Ministerio Público y de los tribunales. Sin embargo, la mayoría de los países que combaten altos índices de criminalidad y violencia estiman que estas medidas son insuficientes y no ejercen un impacto significativo sobre dichos fenómenos.

Lo anteriormente expuesto, con frecuencia, va acompañado de una pérdida de confianza en el sistema de justicia penal, al igual que en su Policía, mientras que la preocupación de la ciudadanía por su propia inseguridad continúa siendo alta.

Una segunda respuesta, que complementa la anterior, es la prevención de la violencia y el crimen. La premisa básica de esta estrategia es evitar la ocurrencia del delito o acto violento. Para ello será necesario llegar a comprender y abordar las causas del crimen y la violencia, los factores de riesgo asociados a estas, y crear comunidades más seguras cimentando sus propias fortalezas (por ejemplo, nivel de organización de la comunidad), en lugar de concentrarse exclusivamente en los problemas de una comunidad.

Además, la prevención es una opción económicamente más sostenible que la represión y tiene sus efectos a más largo plazo.

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente en el mundo, no tiene que ser aceptada como una parte inevitable de la condición humana. Siempre ha habido violencia, pero también siempre han surgido sistemas –religiosos, filosóficos, jurídicos y comunales– para prevenirla o limitar su aparición. Ninguno ha sido completamente exitoso, pero todos han efectuado un aporte a la disminución de este rasgo distintivo de la civilización.

En otros países de nuestra región que tenían ciudades con altos índices de violencia y criminalidad se logró revertir la tendencia al incremento, hasta convertirlas en las ciudades más seguras de la región: Bogotá, Cali, Quito, etc.

Esto se logró desarrollando un proceso de participación e integración de instituciones, que se gesta con la introducción de nuevas reglas de juego para el manejo de la ciudad, así como de nuevos enfoques para abordar el gobierno municipal y, en especial, el manejo de la seguridad ciudadana, en la que las autoridades civiles nacionales y municipales asumen un rol central de liderazgo, en conjunto con otras instancias de la sociedad.

El concepto de una cultura ciudadana es entendida como el marco que regula los comportamientos de los individuos, en la medida que establece reglas mínimas comunes que hacen posible la convivencia. Aspectos que están bajo el control de la autoridad municipal, con un programa de gobierno que fundamente un modelo de ciudad “a escala humana”, orientada hacia las personas, en la que el acceso a entornos urbanos de calidad se debe convertir en una prioridad. Si el futuro alcalde se encaminara a la defensa del espacio público y a la recuperación de los entornos urbanos deteriorados, a fin de que se conviertan en “espacio de convivencia de la comunidad”, contribuiría a fortalecer la seguridad. Ejemplo, las principales políticas de seguridad ejecutadas en Bogotá, desde 1995, se diseñaron sobre los enfoques explicados de la cultura ciudadana y en la defensa del espacio público.

El desarme ciudadano, la regulación del consumo de alcohol y las intervenciones de recuperación del espacio público en sitios críticos, han sido las medidas más representativas de las administraciones para reducir el crimen y la violencia.

La lucha contra la violencia no solo es de un sector, en ella debe participar toda la sociedad, desde sus comunidades, instituciones del Estado, sociedad civil, policía, medios de comunicación, etc., como una gran alianza contra la inseguridad y la violencia.