CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Garzón pierde batalla

El juez advirtió al Estado y a la Fiscalía que ‘obstaculizar la investigación sería contravenir el Convenio Europeo de Derechos Humanos’.

Baltasar Garzón REUTERS1120145

Cuando el juez Baltasar Garzón abrió hace un mes una histórica causa penal por la represión de la dictadura franquista en España, muchos juristas advirtieron que si bien se trataba de una iniciativa quizás necesaria, esa era una batalla perdida, al menos legalmente.

Acosado por la fiscalía, contraria la pretensión de sentar de forma póstuma en el banquillo al régimen del general Francisco Franco (1939-1975), y enfrentado a duras críticas de la derecha, que lo tacha de “megalómano”, el magistrado finalmente tuvo ayer martes que dar marcha atrás.

En una resolución de 152 páginas, Garzón decidió abandonar su investigación e inhibirse en favor de los juzgados de las provincias donde la represión franquista dejó según su recuento más de 100 mil desaparecidos que todavía hoy yacen en anónimas fosas comunes y que según su criterio fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, el magistrado admite que no hay responsables a quienes perseguir, ya que Franco y otros 44 ex altos cargos señalados en su causa ya están muertos, un punto por el que Garzón había sido objeto de burla, ya que incluso pidió las actas de defunción del “caudillo”, fallecido en 1975.

Con la decisión de ayer el juez evita una sonora derrota ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal al que él mismo pertenece y que próximamente debía decidir si Garzón era o no competente para llevar adelante su investigación, recurrida por el que fuera uno de sus grandes amigos, el fiscal jefe Javier Zaragoza.

Después de que hace dos semanas la sala decidiese, precisamente a instancias de la fiscalía y con 10 votos contra 5, paralizar la exhumación de 25 fosas comunes ya ordenada por el magistrado, esa derrota parecía cantada.

Pero, como era de esperar, Garzón no tira la toalla sin dar guerra. Así, en el auto insiste en que los delitos “permanecen” y no han prescrito. Al contrario, ratifica "con contundencia” tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, “al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales”.

Además, lanza dardos al gobierno socialista y al Ministerio Público, al advertir al Estado y a la Fiscalía que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Con ello se hace eco de todos aquellos que critican que, al contrario de lo que ha sucedido en otros países que han sufrido dictaduras, España no ha querido investigar los crímenes del pasado.