REGULACIÓN

Y que las petroleras, no lloren

Los escritores Jaque Bergier y Bernard Thomas en La guerra secreta del Petróleo, anotan lo siguiente: “En 1907, la Standard Oil fue condenada a una multa de 27 millones 240 mil dólares. Los resultados del juicio comprendían principalmente la frase: Tan solo lamento no tener la posibilidad de meter en la cárcel a todos los directivos de la Standard Oil. Porque es la cárcel lo que se merecen por haber recurrido a procedimientos ilegales a fin de explotar a los ciudadanos respetuosos con la ley”.

Una fecha fatídica que el consumidor panameño debe recordar, es julio de 1992, cuando se cerró la Oficina de Regulación de Precios” y se entró en la fase de la liberalización del mercado petrolero que desreguló los márgenes de comercialización y, por consiguiente, el precio al consumidor. Los efectos que produjo la liberalización con la intención de que la “libre oferta y demanda” ofreciera un mayor beneficio al consumidor se desvaneció totalmente, para configurar una escalada espeluznante que acrecentó las riquezas de esas compañías petroleras ávidas de lucro.

La regulación permitía una ganancia equitativa sobre la inversión de este rubro y otros. Las petroleras, cuando estuvieron reguladas, obtenían una ganancia bruta de 0.0857 (casi nueve centavos de dólar por galón), pero pasaron rápidamente del año 1992 al 1993 –invocando la libre oferta y demanda– a ganar 14.40 centavos; en 1994, 15.74 centavos por galón; en 1995, 18.93 por galón; en 1996, 21.83 por galón y, así sucesivamente, en 1999 23.18 por galón; en 2000, 24.80; en 2001, 25.03 centavos por galón. Un incremento estratosférico de 292%, inconcebible pero real. Al mismo tiempo los “gasolineros” (actividad en extinción), han tenido una disminución de 246%, de 17.22 centavos, la ganancia bruta que otorgaba la Oficina de Regulación de Precios, se vio reducida a siete centavos por galón, por el nefasto monopolio que las petroleras ejercían y aún ejercen.

Las petroleras han manipulado, a través de los llamados “subsidios” que otorgan a sus mejores intereses, a las gasolineras y es con este malévolo artificio que han llevado a la incapacidad comercial al inversionista panameño que se ha visto forzado a abandonar esa actividad. Es por eso que ahora, de las 478 estaciones de gasolina que funcionan en el país –tal como lo ha dicho Acodeco– aproximadamente 382 están en manos de las petroleras, tanto transnacionales como nacionales. Solo 96, las menos rentables, están en manos de inversionistas panameños.

En 1992 había 329 estaciones de gasolina. A la fecha, hay 149 estaciones más, producto de que el Decreto de Gabinete No. 36 de 2003, sobre políticas de hidrocarburos, modificado por el decreto No. 5 de 2005, fue hecho a la medida y mejor provecho de las empresas petroleras.

Apenas los decretos insinuaron que podían entrar nuevos actores, para una mejor competencia en el mercado, las petroleras existentes diseminaron más estaciones en el país, para desanimar a los posibles nuevos inversionistas de intervenir en un mercado súper copado y en manos de ellos. Panamá es el país que, según estudios de la Cepal, tiene proporcionalmente más estaciones de gasolinas que cualquier otro en Centroamérica.

¿Pero, por qué lloran ahora las petroleras? Porque, por fin, se les ha dicho ¡basta ya!, los precios al consumidor son escandalosos, el Gobierno les va a poner un precio tope y eso es, ni más ni menos, una regulación. Regulación, eso es lo que se pide a gritos, no más abusos. Un precio uniforme en todo el territorio, por supuesto, más el costo del transporte.

Petroleras, no lloren, ya no podrán ganar lo que ustedes determinan, sino una ganancia justa y equitativa para que no esquilmen al consumidor. La Secretaría de Energía y la Autoridad de Protección al Consumidor han señalado, en un comunicado con fecha de 12 de octubre de 2008, el rechazo de la mayoría de las empresas petroleras a las soluciones presentadas por el Gobierno para beneficiar al consumidor. No lloren, petroleras. Bastante han usufructuado. La regulación, posible y constitucional es imperiosa y es la forma que los va a sujetar.

El Departamento de Hidrocarburos debe eliminar de inmediato esa nota que en los precios de paridad dice así: “Para llegar al precio final, deberá sumarse a dichos precios los márgenes de comercialización pactados individualmente para llegar al precio final al consumidor”. Esto es absurdo, quien tiene que determinar y otorgar el margen de comercialización a las gasolineras tiene que ser el Gobierno, no como se da a entender, las petroleras.