Los números hablan por sí solos: casi un cuarto de millón de panameños está legalmente armado. Esta cifra no incluye las otras miles de armas de fuego que están en el mercado negro o en manos de la delincuencia.

Se trata de un fenómeno novedoso en Panamá y que se está esparciendo con rapidez. Este furor por las armas responde a una realidad igualmente preocupante: el aumento de la violencia, la desafiante inseguridad y los cada vez más escalofriantes crímenes a manos de organizaciones mafiosas, todo ello bajo el paraguas de un gobierno que prometió “más seguridad”. Más que decretos con enunciados gaseosos sobre seguridad, lo que se requiere con urgencia es una estrategia integral –prevención, sanción y resocialización– que garantice el control de la criminalidad.

Las consecuencias de una sociedad armada son terribles, especialmente cuando el ciudadano pierde la credibilidad en los tribunales y se toma la justicia por su propia cuenta. Las armas solo pueden traer más violencia. Frente a la actual escalada, no desoigamos las alarmas.