[FUTURO PERTURBADOR]

Elecciones en la picota

Como el Gobierno nicaragüense rechazó la presencia de observadores internacionales, no existe ningún actor imparcial para ratificar o desmentir los resultados.

Con Daniel Ortega y la facción más autoritaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder, era imposible esperar que Nicaragua tuviera, el pasado domingo 9, unas elecciones municipales impecables.

Desde mucho antes se habían encargado de impedirlo: En junio, el Tribunal Supremo Electoral (dominado por Ortega y el ex presidente convicto Arnoldo Alemán), había cancelado la personería jurídica a los partidos Conservador, el más antiguo de Nicaragua, y Movimiento de Renovación Sandinista, que agrupa a los sectores democráticos disidentes del Frente.

Luego, Ortega arremetió contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, por haber expresado su preocupación ante la medida, y rechazó la presencia de observadores internacionales en los comicios. La prohibición se extendió a los grupos locales.

Como coronación de su arremetida autoritaria, la emprendió contra medios, periodistas y organizaciones independientes de la sociedad civil, bastiones de libertad en el país.

Las urnas, por tanto, se abrieron con enormes limitantes. Pero, al menos, podrían haberse cerrado con cierta normalidad y los resultados producirse con razonable trasparencia.

Sin embargo, no ocurrió así, y la penumbra fue la nota más sobresaliente del proceso.

Como consecuencia, Nicaragua se ha precipitado en un período de profundos cuestionamientos sobre los datos oficiales, violencia callejera, inestabilidad y crecientes sombras sobre el futuro de su democracia.

Los datos divulgados por el CSE otorgan la victoria al FSLN en 91 de las 146 alcaldías, contra 50 para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y tres para la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ambos opositores.

En Managua, la plaza más importante, donde el diputado y ex candidato presidencial de la ALN, Eduardo Montealegre, se enfrentó al boxeador sandinista Alexis Argüello, el Consejo dio a este una victoria del 51.32%, frente a 46.58% para Montealegre. El resto se lo disputaron algunos micropartidos.

El recuento oficial fue rechazado por la oposición, que ha denunciado fraude. Sus dirigentes insisten en que las actas recopiladas por sus fiscales en las distintas mesas de votación les otorgan la victoria en la capital y otros municipios donde el CSE dio el triunfo al FSLN.

La Iglesia católica y el sector privado han cuestionado los datos. Pero el Gobierno y las autoridades electorales insisten en ellos.

Como, al contrario de todos los demás procesos electorales celebrados en Nicaragua durante las últimas dos décadas, el Gobierno rechazó la presencia de observadores internacionales, no existe ningún actor imparcial para ratificar o desmentir los resultados.

Aun así, era posible una salida: el recuento de las papeletas, o la revisión de todas las actas, con la presencia de representantes de la Iglesia, diplomáticos acreditados en Managua o representantes de organismos internacionales.

Pero, de nuevo, el CSE lo rechazó. En su lugar, convocó a los partidos, el miércoles 12 en la noche, para un remedo de revisión del proceso, sin testigos independientes, mientras, en las afueras de sus oficinas, turbas del FSLN exigían la proclamación oficial de “triunfo”. El PLC y la ALN se negaron a asistir, por falta de garantías.

Dice el refrán que “quien nada debe, nada teme”. De aquí, y de la arbitrariedad general del proceso, las enormes y justificadas dudas sobre los resultados.

Lo que pudo ser una oportunidad para el avance democrático, se ha convertido en un nuevo impulso hacia el retroceso autoritario, en medio de una crisis económica que se asoma con perverso gesto y de una crispación social en aumento.

El futuro, por ello, luce perturbador.