LICITACIÓN

Cinta costera, una revisión

Recientemente, los representantes de los partidos de la oposición firmaron un documento con el compromiso de que, al subir al poder, derogarían los decretos leyes de la remilitarización, que el presente gobierno le impuso al pueblo sin consenso y bajo el pretexto de mejorar la seguridad ciudadana.

Además de lo anterior, la oposición debe establecer prioridades e investigar los presuntos actos de corrupción de los miembros del PRD, como los casos Cemis, Pecc, puentes Mabey, Fece, fibra de vidrio, escuelas–rancho, carnavales, esculturas desaparecidas, concesiones de la AMP, desastres urbanísticos y leyes –de cuestionable interés social– que cambian las zonificaciones, además de los gastos excesivos en el presupuesto de 2009 (para uso político), la cementera en la entrada del Canal, el contrato de los dos corredores, el manejo de las petroleras y generadoras eléctricas, etc., etc.

Pero me permito recomendar, enfáticamente, que se considere una investigación de la cinta, presuntamente “coimera”, y parte de su pago, por la abusiva imposición de valorización.

La percepción de corrupción de la cinta, presuntamente “coimera”, se entiende por el poco tiempo que se dio a los aproximadamente 10 consorcios que retiraron el pliego de cargos del proyecto y así, deliberadamente preconcebida y por investigar, solamente pudieron clasificar tres consorcios para participar en la licitación.

De los tres clasificados, el consorcio de China continental, con sede en Hong Kong, relacionado con los puertos de Cristóbal y Balboa, y su asociado panameño Pilotec, S.A., cuando tenía el precio listo de unos 154 millones de dólares para participar, se retiró 12 horas antes del día de la licitación, a las 9:00 a.m. ¿Qué pasó? ¿Le pidieron que se retirara? Al dueño de Pilotec, S.A. y co-dueño del Hotel Intercontinental, con la concesión vencida y por renovar, así como el fallo controversial de la Corte Suprema de Justicia que declaró nula la licitación de los terrenos cuando ya se habían construido excelentes facilidades hoteleras, lo tenían en una situación desagradable, vulnerable e injusta.

Al eliminarse el consorcio, quedaron solamente dos, situación propicia para hacer un presunto arreglo, que habría que investigar. En la licitación, el consorcio de ICA presentó un precio casi 20 millones más bajo que el de Odebrecht–Cusa por 189.1 millones. Sin embargo, Odebrecht hizo modificaciones a su oferta que, según el pliego de cargos, no era permitido, siendo una causal para invalidar su propuesta.

¿Por qué ICA no reclamó para invalidar la propuesta más alta de Odebrecht? ¿ Será que no se atrevió, porque tenía pendiente la aprobación de la construcción de los rellenos de las islas y las nuevas tarifas en su corredor? ¿Y el MOP, por qué no favoreció a ICA y descalificó la onerosa propuesta de Odebrecht?

Y sin explicación, salvo como “la mejor” ¿para quién?, el MOP favoreció la propuesta de Odebrecht muy por encima del precio de referencia o precio oficial del mismo MOP de 137 millones. Esto es inconcebible y tiene que ser investigado a fondo pues da cabida a una fuerte percepción de corrupción.

También habría que incluir la abusiva imposición de cobrar una parte, por valorización, a un grupo de ciudadanos a pesar de que la cinta favorece como mínimo al 85% de la población de la ciudad en general. Para recalcar sobre este exagerado costo, dos eminentes arquitectos panameños –que han recibido premios por sus obras–, Carlos Clement y Álvaro González Clare, presentaron su propuesta conjunta para la cinta costera de unos 85 millones.

Todo lo de Odebrecht tendrá que ser investigado a fondo por el nuevo gobierno de la oposición.