Consejo Consultivo de PRONAT interviene en defensa de derechos posesorios.

Median en pugna de tierras

El diácono Carrasquilla señala que el conflicto de tierras es tan grave en Bocas del Toro, que hay lotes que se han vendido hasta cuatro veces.

Pedasí. El interés por las tierras de la península de Azuero ha provocado el aumento de los precios en esa región. LA PRENSA/Archivo1116036

Luego de los últimos desalojos de familias acaecidos en Los Santos y Bocas del Toro, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, instancia de conciliación del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat), intentará zanjar en defensa de los derechos posesorios de sus legítimos dueños.

El diácono César Carrasquilla, presidente del Consejo, informó que la primera reunión se dará en Pedasí, Los Santos, el jueves 13 desde las 9:00 a.m., en la cual participarán vecinos, inversionistas, productores, autoridades locales y nacionales interesados en el tema de los derechos posesorios. La segunda será en Bocas del Toro, el sábado 22.

Carrasquilla explicó que el gobierno quiere regularizar la situación de las tierras sin titular, en calidad de derechos posesorios, con el fin de lanzar una titulación masiva a través de Pronat.

La intención, dijo, es que las familias que están en esta situación puedan obtener su título y poder usufructuar de ello mediante créditos bancarios para inversiones, lo que ahora no pueden hacer

El conflicto de tierras es tan grave, dijo, que en Bocas del Toro hay abogados y funcionarios implicados en irregularidades, al punto que hay lotes que se han vendido cuatro veces.

Frente a las versiones de que el Pronat es una táctica electorera del gobierno, sostuvo que no debe verse bajo ese prisma, ya que el problema de los derechos posesorios data de muchos años.

Actualmente, dijo, en la Dirección de Catastro, del Ministerio de Economía, yacen 5 mil 600 expedientes de familias que esperan su título de propiedad desde hace mucho tiempo, los que siguen estancados y engavetados. Lo que se busca, añadió, es que prive un criterio social al momento de asignar el precio a la tierra y no un precio especulativo.

German Gnäegi, productor, consideró que el precio que plantea Reforma Agraria, seis dólares por hectárea para la tierra cultivable, se debe mantener para que el campesino pueda pagar y lograr su título. Él confía en que la viceministra de Finanzas, Gisela de Porras, logre convencer en la cita de Pedasí, a las autoridades locales de este punto de vista.