AGENDA OLVIDADA

Lucha contra la corrupción

Confieso ser un acérrimo, quasi patológico, enemigo de la corrupción en todas sus manifestaciones. Por eso admiro a los países en donde se lucha contra la corrupción sin importar la clase social o política. De allí que sintiera gran satisfacción cuando leí en The New York Times, el 28 de octubre, que un jurado del Distrito de Columbia halló culpable al senador Ted Stevens (84 años de edad), de Alaska, por violación a las normas de ética al omitir información sobre donaciones de amigos.

Stevens había recibido regalos y servicios de amigos, incluyendo mejoras a su residencia, por cerca de 250 mil dólares.

En Panamá, en cambio, la corrupción es un mal tan institucionalizado que, al menos hasta ahora, no parece figurar en la agenda de ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República. Sí estuvo en la agenda de la ex presidenta Mireya Moscoso y del presidente Martín Torrijos. Lamentablemente, Moscoso abandonó el tema al asumir el cargo, y al concluir su mandato abundaban los escándalos de corrupción. Aunque no voté por Martín Torrijos, su promesa de “Cero Corrupción” me devolvió la esperanza. Recuerdo cuando al hablar el 18 de octubre de 2004 ante la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, prometió “… sentar nuevas bases y fundaciones de cemento ético y de acero moral para edificar sobre ellas un nuevo país”.

Ya antes, en plena campaña política, Torrijos había advertido que bajo su gobierno “los consulados serían vehículos para promover inversiones, no un privilegio para que unos pocos se hagan millonarios” (La Prensa, 16 de enero de 2004). Y en acción que parecía estar encaminada a cumplir su compromiso de campaña, el 15 de diciembre de 2004, promulgaba el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, el cual reposa como monumento a la inacción en los sitios web de todas las instituciones públicas.

Los escándalos de corrupción bajo el actual gobierno podrían superar, al menos en número, a los de la administración anterior. Allí están el peculado en el Fece, las irregularidades en los consulados, los contratos otorgados a familiares del jefe de la Secretaría para la Innovación, la reforma a la legislación pesquera en la isla de Coiba impulsada por un directivo de la AMP, y el robo de los Juegos de Antaño, entre otros. No es casual que Transparencia Internacional calificase a Panamá con nota de 3.4 en una escala en que el nivel 10 denota ausencia de corrupción.

El problema es grave. Sus principales víctimas son los pobres, pues encarece los bienes y servicios, estimula la inseguridad, ahuyenta la inversión y conspira contra la gobernabilidad. La corrupción en el servicio público se sustenta en una burocracia ineficiente que se desenvuelve en un ambiente discrecional, que le facilita la gestión, directa o indirecta, de coimas para acelerar los procesos. Un estudio del Banco Mundial hecho público en 2007 revela que las coimas le cuestan al mundo un promedio de ¡un millón de millones! de dólares anuales. En Panamá, la lucha contra la corrupción es más un problema de voluntad política que de falta de instrumentos para combatirla. El mejor ejemplo de que la corrupción se puede combatir con éxito, lo tenemos en la ACP, donde existe la figura del fiscalizador general, con facultad y poder para investigar incluso al propio administrador si éste fuese acusado de actos contra la ley y/o el Código de Ética.

Ahora que estamos en plena campaña, abrigo la esperanza de que alguno de los candidatos proponga mecanismos prácticos y acciones concretas para combatir la corrupción y perseguir a los corruptos.