PROPUESTAS

Se busca alcalde capitalino

El 16 y el 19 de octubre, el telón del espectáculo electoral se levantó para mostrar los debates entre los candidatos a la Alcaldía de Panamá. El primero fue en una universidad y, el segundo, en la Cancillería; participaron Miguel A. Bernal, candidato independiente; Bosco Vallarino por los panameñistas; Roberto Velásquez por el PRD; Miguel Batista por Vanguardia Moral, e Iván Blazer por Cambio Democrático.

Los debates nos decepcionaron. Escuchamos el habitual discurso político centrado en descalificar a los rivales y prometer de todo sin explicar cómo lo alcanzarán. Lo común fue la usual retórica política vacía de análisis sobre los temas propuestos, y las divagaciones de algunos sobre sus experiencias personales, invocaciones a Dios o reiteraciones de los problemas de la ciudad –harto conocidos por los ciudadanos–; todas burdos estratagemas para evadir las preguntas peligrosas o para ocultar la ausencia de un programa estructurado con propuestas planificadas y sesudas. Se escucharon algunos aciertos para la ciudad. Por ejemplo, alguno reiteró la importancia de hacer cumplir las leyes, otro reconoció el mecanismo de las tasas de valorización como elemento para financiar mejoras en las áreas deprimidas, alguien habló de revitalizar los barrios ofreciendo una amplia oferta de servicios privados y públicos; y todos apoyaron el impulso a procesos de reciclaje, así como el impulso definitivo para aprobar la ley sobre descentralización.

Los electores tenemos el poder y la responsabilidad de mantener una visión crítica y de oponernos a la manipulación de las campañas electorales, rechazando que se siga confundiendo a los ciudadanos con debates estilo talk show, y exigiendo una verdadera confrontación de ideas con reflexiones y análisis.

Debemos exigir a los candidatos a la Alcaldía propuestas específicas, articuladas y coherentes con la situación de Panamá. Podríamos empezar a debatir sobre el ámbito espacial de la ciudad, analizando cinco áreas: Acceso al suelo y a la vivienda; Accesibilidad a los equipamientos urbanos y movilidad (transporte público); Espacios públicos (áreas verdes y seguridad ciudadana); Infraestructura básica (agua, alcantarillado y recolección de desechos); Medio ambiente sano (protección de manglares y árboles, combate a la contaminación visual, acústica y ambiental). Así como también sobre la dimensión política de la ciudad, queremos saber de qué forma se institucionalizará la representación ciudadana; la participación efectiva (presupuestos participativos, descentralización) y la seguridad y coexistencia pacífica.

Lo primero que podemos hacer es exigir que se cumpla el marco legal que permite defender los intereses públicos sobre los privados, asegurando que tales reglamentaciones beneficien a las personas y no a la ganancia económica; y reclamar que las normas que permiten la participaron sean efectivas. Ambos aspectos están contemplados en la Ley 6 de Ordenamiento Territorial (del 1 de febrero de 2006, Gaceta oficial No. 25,478). Tal es el caso del artículo 3: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garantía de la propiedad privada”.

Podemos pedir el apoyo y seguir el ejemplo de municipios como los de Medellín, Bogotá, Guayaquil y Barcelona, donde se han unido la capacidad creativa ciudadana y la voluntad política de sus autoridades para lograr acuerdos sobre cómo invertir el presupuesto, lo que ha logrado reducir la violencia ofreciendo parques/biblioteca; creando empresas municipales encargadas del reciclaje; gestionando un transporte público eficiente; planificando integralmente espacios públicos y áreas verdes que fomenten el arte, la tolerancia y la convivencia.

Para erigir esa ciudad que todos ansiamos es necesario reconstruir la confianza en las instituciones públicas, lo que podría lograrse impulsando la participación y la descentralización. La construcción de la ciudad no es un derecho exclusivo de un grupo, al contrario, una gestión municipal democrática debe promover la proximidad y la dialéctica entre todos los sectores económicos y sociales.

El gran reto del alcalde de Panamá es hacer una gestión municipal que incluya a todos sus habitantes en las decisiones sobre las inversiones municipales y que estas sean el resultado del consenso de la ciudadanía, de las asociaciones civiles y de los empresarios, lo que lograría una ciudad mejor con beneficios.