El Ministerio de Comercio –que autoriza las concesiones mineras– carga una gran responsabilidad sobre sus hombros: promover el desarrollo sin menoscabar nuestros recursos. Pero algunos de sus funcionarios actúan con tal ligereza, que es inevitable pensar que hay un trasfondo en esos numerosos permisos de explotación y la escandalosa cantidad de tierras que se va en ello.

Para colmo, la supervisión para que se cumpla la ley es inexistente, y las prohibiciones gubernamentales, incumplidas. ¿Debemos esperar que las zonas de uso restringido a la minería sean liberadas a la codicia de algunos empresarios a cambio de centavos? Hacerlo solo evidenciará la irresponsabilidad con que el gobierno maneja nuestro medio ambiente.