ANÁLISIS. LA CADENA PERPETUA COMO CASTIGO A CRÍMENES ATROCES.

‘35 años son más que suficientes’

Mantener a un preso de por vida –unos 49.5 años– costaría al Estado cerca de 59 mil 251 dólares.

Está comprobado que a partir de los 60 años merman las capacidades del hombre para delinquir.

LA PRENSA/Archivo

PANORAMA. Hasta el 9 de octubre de este año había 10 mil 383 reos en las cárceles del país. Por lo menos 800 están presos por homicidio. 95% tiene entre 18 y 45 años de edad.1109918

Han sido tres los momentos durante los últimos 10 años en los que se ha planteado la implementación de la cadena perpetua en el país, como castigo ejemplar para los crímenes atroces.

En 1998 lo hizo Víctor Méndez Fábrega, entonces legislador del hoy desaparecido partido político Papa Egoró; en 2004 lo reiteró Arnulfo Escalona, ministro de Gobierno y Justicia en la administración de la presidenta Mireya Moscoso; y este año lo expuso Juan Carlos Navarro, alcalde del distrito de Panamá, en ocasión de correr como candidato presidencial a lo interno del PRD.

Las tres fechas han estado marcadas por abultadas cifras de delincuencia. En 1998 hubo 20 mil 441 delitos reportados; en 2004 la cifra subió a 27 mil 847 hechos, y al cierre del primer semestre de este año iban ya 16 mil 579 crímenes.

Las tres propuestas –las dos primeras elevadas incluso ante la Asamblea Nacional en forma de proyectos de ley– corrieron la misma suerte: fueron rechazadas por considerárseles inconstitucionales e inefectivas.

Pero, en condiciones como las de hoy, cuando el narcotráfico parece haberse tomado las calles del país; los robos y hurtos están a la orden del día; la tasa de homicidios llega a 12.9 por cada 100 mil habitantes (la segunda más baja de la región); y las cifras de violencia doméstica rompen todos los registros de años anteriores, qué tan factible o prudente es la figura de la cadena perpetua como castigo para asesinos, narcos, ladrones y abusadores de mujeres y niños.

Estudios elaborados por diferentes organizaciones internacionales –entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch– sostienen que ni la cadena perpetua ni la pena de muerte son “armas” lo suficientemente disuasivas como para prevenir el delito.

Además, la cadena perpetua es vista como una medida extrema y violatoria de los derechos humanos, sobre todo si se aplica en menores de edad, tal como lo han ratificado al menos 132 de los países firmantes de la Convención de los Derechos del Niño, excluyendo de ese grupo a Estados Unidos y Somalia.

La realidad panameña

Para el director del Sistema Penitenciario Nacional, Luis Gordon, el tema debe ser analizado desde diferentes perspectivas: la que tiene que ver con la legislación vigente en el país –que no incluye la figura–; la relacionada con los costos que implicaría aplicar sentencias como esa –abarcando inclusive la necesidad de reestructurar la infraestructura penitenciaria–; y, por sobre todo, la vinculada con las consecuencias de violencia que se registrarían en los penales que albergasen a criminales sentenciados de por vida.

En ese sentido, explicó que la reciente reforma al Código Penal no contempla la figura de la cadena perpetua, por lo que habría que modificarlo nuevamente. El nuevo texto, más bien, elevó de 20 a 30 años la sentencia máxima, e incluso hasta 35 años en los casos de homicidio atroz.

Costos

En segundo lugar, detalló que la implementación del castigo incrementaría de manera considerable la inversión que hace el Estado en los presos.

Hoy, el Estado destina unos mil 200 dólares anuales –3.28 dólares diarios– por cada uno de los 10 mil 383 reclusos que ocupan las más de 30 cárceles del país, sin incluir los aportes de la Policía Nacional, encargada de la custodia de la mayoría de los penales; ni los que realizan los ministerios de Educación y Salud en capacitación y atención médica, respectivamente.

Suponiendo que los 800 condenados y procesados por homicidio que hay en los centros penitenciarios panameños tuvieran que purgar la pena máxima de 30 años, y que todos ellos ingresaran a los 25 años –edad promedio de la mayoría de los presos del país– la inversión del Estado en cada uno de ellos sería de aproximadamente 35 mil 916 dólares durante toda su sentencia.

Pero si se les condenara a cadena perpetua, la suma se incrementaría hasta unos 59 mil 251 dólares –cada uno–, tomando en cuenta que tendrían que pasar en la cárcel cerca de 49.5 años, desde los 25, cuando ingresaron, hasta los 74.5, que es la esperanza de vida al nacer en Panamá, de acuerdo con el Informe Nacional sobre la situación de la Población Adulta Mayor, presentado ante el pleno de la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, realizada en Madrid, España, en el año 2002.

Más allá, Gordon advirtió que para albergar a reos condenados de por vida el sistema tendría que invertir millones de dólares en la construcción de pabellones especiales, pues, a su juicio, un individuo sin expectativas de salir en libertad se convertiría en una “verdadera amenaza” para su integridad, la de los guardias de la prisión e incluso para la de sus compañeros. Al no tener nada que perder, podría matar o matarse sin importarle nada más.

Por todo lo anterior, el funcionario opinó que, en vez de aplicar la cadena perpetua, las autoridades panameñas deberían “darle una oportunidad” al nuevo Código Penal y aplicarle a los maleantes que lo merecen las máximas penas establecidas en ese texto legal.

“Para mí, 35 años son más que suficientes para reflexionar sobre el delito cometido”, dijo.

Otros criterios

La directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles de Palacios, en tanto, opinó que la cadena perpetua es casi como “una muerte lenta”, es una pena extrema, cruel y además innecesaria, ya que, desde el punto de vista de esa ciencia, la rehabilitación de un reo no requiere de tanto tiempo si se tienen las herramientas técnicas indispensables.

Incluso si se tratase de un psicópata o de un individuo incorregible, dijo, la cadena perpetua sería innecesaria, porque con el paso del tiempo y de la edad disminuyen las capacidades físicas de las personas y con estas las capacidades reales de delinquir.

Más en detalle, dijo que está comprobado científicamente que a partir de los 60 ó 65 años merman significativamente las capacidades físicas de un hombre que ha estado tras las rejas, por lo que mantenerlo preso por mucho más tiempo lo único que haría es causarle gastos innecesarios al Estado.

“Mucho más en las condiciones en las que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional, donde una persona que ha estado cinco años presa, pareciera que estuvo 10, y los que estuvieron 10 parecería que permanecieron 20”, acotó.

Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, la solución a los problemas derivados de la criminalidad no están en la aplicación de penas como la cadena perpetua, sino en que las autoridades se terminen de enfocar y eviten a toda costa la impunidad.

“Tenemos que enfocarnos para que la justicia funcione y que quienes cometan delitos, paguen. El problema es que no pagan y anualmente quedan impunes un montón de homicidios”, dijo.

Señaló que un ejemplo claro de que la delincuencia no se resuelve con mayores penas, son las muchas reformas a las leyes de adolescentes aprobadas en los últimos cuatro años.

“Se han subido las penas una y otra vez, y los menores siguen delinquiendo. Ni siquiera Estados Unidos, con su pena de muerte y su cadena perpetua, ha podido resolver del todo el problema de la violencia y de la criminalidad”, añadió Castillo.

A su juicio, lo que debe ocurrir en el país es que los llamados a resolver el problema cumplan con su trabajo y apliquen las leyes existentes.

Lo otro dijo, sería como copiar el problema del dengue: “se mata a los mosquitos, pero los criaderos siguen intactos”.

Niños, a la cárcel toda su vida

En 2005, las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional presentaron un estudio hasta entonces inédito, que daba cuenta de la aplicación de la cadena perpetua a menores de edad en Estados Unidos, incluso sin la posibilidad de optar por la libertad condicional.

El informe daba cuenta de que para esa fecha había por lo menos 2 mil 225 menores cumpliendo cadena perpetua en cárceles estadounidenses, 16% de estos sentenciados cuando tenían entre 13 y 15 años, y 59% condenados tras cometer su primer delito.

En el reporte, producto de dos años de investigaciones, quedaba claro que ambas organizaciones estaban de acuerdo con castigar a los delincuentes juveniles; sin embargo, aclaraban que si esos menores eran “muy jóvenes para votar o comprar cigarrillos”, lo eran también “para pasar el resto de sus vidas tras las rejas”.

El estudio también revelaba que la tendencia a aplicar la cadena perpetua a los delincuentes juveniles crecía cada vez y citaba, por ejemplo, que en 1990 hubo 2 mil 235 menores implicados en asesinatos y que 2.9% de ellos había sido condenado a cadena perpetua.

En 2000, los adolescentes asesinos eran mil seis –55% menos que la década anterior–, pero los condenados a cadena perpetua sumaron 9% de ese total.

De acuerdo con el informe, en 42 estados de Estados Unidos se aplica la cadena perpetua y en 26 de estos es la figura obligatoria para los culpables de homicidio en primer grado, sin importar su edad.

Pero, a pesar de lo severo del castigo, el estudio concluía que “no hay evidencia de que [la cadena perpetua] disuada la criminalidad juvenil o sirva de otra manera para reducir dichas tasas de criminalidad”.

Por ejemplo, precisaba que en el estado “Georgia raramente se sentencia a niños y niñas a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, pero tiene tasas de criminalidad juvenil más bajas que las del estado de Missouri, en el que las autoridades judiciales imponen tal sentencia con mucha más frecuencia”.