Este gobierno ha desarrollado una política en materia de contrataciones públicas que es toda una aberración. Se ha convertido en regla –cuando antes era una excepción– hacer compras directas, alegando urgencias que son harto conocidas, pero que se espera el último momento para conceder millonarios contratos por esta cuestionable vía.

El concepto del ahorro es inaceptable cuando el beneficiado es un amigo o un familiar de altos cargos del gobierno, que no se cansan de acusar a los medios de elaborar complejas intrigas con el único fin de perjudicar la inmaculada imagen de funcionarios que no ven nada reprochable en conceder contratos directos y onerosos a la familia o a esos cercanos “colaboradores” del partido gobernante.

No se justifica que, habiendo planificado el presupuesto con un año de antelación, siempre surjan –como por arte de magia– obras y servicios que luego rotulan convenientemente de “urgencia social”. Si no quieren la crítica o la suspicacia ciudadana, la solución es sencilla: cumplan la ley.