Guinea Ecuatorial.

Obiang condiciona liberación de mercenario

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El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, afirmó por primera vez que está a favor de liberar al mercenario británico Simon Mann, condenado a 34 años de cárcel en su país, si el millonario libanés Ely Calil y Mark Thatcher son procesados por la supuesta intentona golpista.

En una entrevista con The Mail on Sunday, Obiang habló del mercenario británico, que cumple en Guinea Ecuatorial una condena de 34 años por intentar derrocar su Gobierno en 2004.

Según el Gobierno guineano, agentes de la unidad antiterrorista de élite de la Policía británica han interrogado a Calil y han viajado en tres ocasiones a Malabo en los últimos meses para interrogar a Mann.

Según el mercenario británico, Calil —empresario británico de origen libanés— fue el que financió la intentona golpista, mientras que Mark Thatcher —hijo de la ex primera ministra conservadora Margaret Thatcher— también colaboró en el complot.

Para Obiang, si Calil y Thatcher son procesados, él está dispuesto a sacar a Mann de la cárcel guineana para que termine de cumplir su condena en una prisión británica.

“Yo le digo lo que será necesario para que él (Mann) pueda dejar mi país. Si la Policía británica arresta a la gente que nosotros decimos que estuvo involucrada —Ely Calil, Mark Thatcher y otros— y son llevados entonces a los tribunales, tal vez, llevaremos a Mann a una cárcel inglesa para que pueda estar cerca de su familia”, afirmó el presidente de Guinea Ecuatorial al dominical.

Según fuentes del Gobierno guineano citadas por el rotativo, Calil ha sido interrogado por el comando antiterrorista SO15 de la Policía de Londres, también conocida como Scotland Yard.

Si bien la Policía no ha querido decir si interrogó a Calil, sí confirmó los viajes realizados a Guinea Ecuatorial.

En cuanto a Mark Thatcher, el Mail on Sunday señala que aún permanece recluido en su exclusiva villa del sur de España.

Al margen de las exigencias de Obiang, el dominical señala que el Reino Unido tiene sus razones para investigar el supuesto complot para sustituir a ese presidente por Severo Moto, dirigente opositor guineano exiliado en España.

El SO15 trata de establecer si, como afirma el Gobierno guineano, la intentona fue planeada y financiada en Londres, puesto que sería un delito en virtud de la Ley Antiterrorista de 2006, agrega.

“Vuestros detectives han visitado mi país tres veces en unos meses para reunir pruebas. Simon Mann ha colaborado brillantemente con ellos y les ha facilitado información, nombres y otras cosas, que no sabían sobre el caso”, dijo Obiang al periódico en la entrevista celebrada el pasado jueves en su palacio de Bata.

Manifestó tener grandes esperanzas de que el proceso contra los implicados pueda prosperar, si bien reconoció que no sabía si ese sentimiento era compartido por la Policía británica.

“Nosotros tenemos una ley que dice que si alguien se porta bien y colabora con el Gobierno, entonces podemos, en determinadas circunstancias, perdonarles o facilitarles una reducción de la condena”, afirmó el Presidente.

“Simon Mann ha colaborado con nuestro Gobierno y la Policía británica y, si sigue portándose tan bien, entonces sí, reduciremos su condena”, agregó.

Mann fue arrestado en marzo de 2004 en el aeropuerto internacional de Harare, donde acudió para recibir a un grupo de hombres que llegaban en avión desde Sudáfrica para hacer una escala y que tenían como destino final Guinea Ecuatorial.

El mercenario, que admitió su implicación en el fallido golpe, ha negado que fuera el “principal hombre” de la conspiración.

Entre los hombres que formaban “parte del equipo” responsable del complot, Mann citó a Mark Thatcher, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía en Suráfrica para evitar su procesamiento y fue multado por su implicación con más de 335 mil euros (unos 418 mil dólares) y condenado a cuatro años de prisión suspendida.

Mann, de 56 años, fue extraditado a Guinea Ecuatorial el pasado febrero por las autoridades de Zimbabwe y fue condenado el pasado julio a 34 años de cárcel por un tribunal guineano.