PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Normas de emisiones vehiculares

Las regulaciones sobre emisiones vehiculares están vigentes desde 1996 mediante Ley 36, “Por la cual se establecen controles para evitar la contaminación ambiental ocasionada por combustibles y plomo” y su reglamento, el Decreto Ejecutivo 255 de 1998, que establece niveles máximos de contaminación permitidos. Sin embargo, el reglamento no estableció mecanismos de implementación adecuados, aunque sí estableció obligaciones como la eliminación del plomo en la gasolina, la incorporación de los convertidores catalíticos en los vehículos y la exigencia de cumplir con niveles de emisiones permitidos para los vehículos importados a partir de 1998.

El crecimiento de la flota vehicular, principalmente en la ciudad de Panamá, es la causa No. 1 del incremento de los niveles de contaminación y del deterioro de la calidad del aire, especialmente en las áreas de mayor concentración de tráfico y embotellamientos. Esta situación requiere del establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que permitan controlar la contaminación y proteger la salud de la población.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) impulsa la aprobación del decreto ejecutivo “Por el cual se dictan normas ambientales de emisiones para vehículos automotores”, a fin de que ésta abarque de una forma más integral la regulación de emisiones y proporcione a las instituciones públicas elementos necesarios para controlar de una forma más eficiente estas emisiones.

La propuesta de decreto ejecutivo se realizó con fundamento en evaluaciones técnicas y científicas de las condiciones actuales del país, que incluyeron herramientas de monitoreo a los vehículos y una evaluación del impacto económico, social y ambiental de su implementación, que permiten justificar su aprobación.

En Panamá, las enfermedades respiratorias están dentro de las principales causas de morbilidad atendidas en el Ministerio de Salud; y las mismas se han incrementado en los últimos años, con un aumento en la prevalencia de enfermedades pulmonares crónicas, lo cual va directamente relacionado a los niveles de contaminación del aire. Esto influye en los costos de la salud pública, de tratamientos médicos y pérdidas de la productividad por días de incapacidad.

En este contexto, estudios sobre los “Costos en salud por la contaminación del aire” realizados en Costa Rica en 2005, concluyen que “los costos directos y sociales anuales, atribuibles a estas condiciones, se estiman en 27 millones de dólares (2% del gasto público nacional)”. Igualmente, investigaciones en México concluyen que “la reducción de la contaminación representa el ahorro de 860 millones de dólares al año en atenciones médicas. Igualmente impediría anualmente la muerte de 6 mil 400 personas en el área metropolitana. Se estima que por muertes, enfermedades, horas de trabajo perdidas y gastos asociados se superan los 4 mil millones de dólares anuales” (World Resources Institute, Washington). En ambos países la principal causa de la contaminación del aire, al igual que en Panamá, proviene de las emisiones vehiculares representando el 75% y 90% respectivamente.

En Panamá hasta mayo de 2005, la flota vehicular alcanzaba un total de 555 mil 902 vehículos, de los cuales 396 mil 98 correspondían a la provincia de Panamá. La flota estaba compuesta en un 75% por autos particulares. De tal manera, que se justifica que los conductores, como causantes de gran parte de la contaminación, participen de la solución a través del adecuado mantenimiento preventivo, verificado con el revisado vehicular. El aumento del mantenimiento preventivo significaría un ahorro mayor por la reducción de grandes reparaciones y una disminución de hasta el 30% del consumo de combustible, según estudios de eficiencia en el uso de vehículos.

Un alto índice de C02 significa que la combustión no es completa y se pierde combustible, igualmente, al medir niveles altos de hidrocarburos no quemados significa que está perdiendo combustible al ambiente sin quemar. Una combustión completa significa que la adecuada utilización del combustible o un ahorro en el consumo dependiendo del comportamiento del vehículo, dónde el carro puede tener más potencia por el mismo consumo o igual potencia con menos consumo.

Si estimamos un incremento del 10% del revisado vehicular correspondería a un aumento aproximado entre 1.50 y 2.50 dólares anuales, y en costos globales para el país representarían entre 833 mil 853 dólares y un millón 389 mil 755 dólares al año. A cambio, el mantenimiento preventivo significaría un ahorro global para el país de 29 millones de dólares solo en el consumo de combustible de gasolina sin plomo de 91 octanos (consumo actual 27 millones 946 mil 899 galones representa al precio actual 97 millones de dólares en el segundo trimestre de 2008 según datos del Ministerio de Comercio), este ahorro es más significativo que el incremento del revisado vehicular.

También se deben contemplar otros beneficios que tienen un impacto sobre la economía del país como el ahorro en gastos de salud; mayor demanda de repuestos para autos, cubiertas, llantas, así como un incremento en la demanda de servicios de reparación. Estos servicios, tienen un alto componente de valor agregado, generando una importante demanda de mano de obra, con el consiguiente efecto sobre el nivel de actividad económica. La economía de combustibles mejora los costos de la economía en su conjunto y la reducción de vehículos considerados peligrosos, se produce, indirectamente, un aumento de la demanda de vehículos que se refleja en una mayor actividad económica.

Actualmente la propuesta de anteproyecto de decreto ejecutivo “Por el cual se dictan Normas Ambientales de Emisiones para Vehículos Automotores” se encuentra en revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sin lugar a dudas, la implementación de la norma tiene beneficios en la salud de la población y el ambiente, como también tendrá un efecto directo en la reducción de costos tanto a nivel privado como a nivel del sector público, lo cual significa que tendrá un impacto positivo en la economía que supera con creces los costos asociados al incremento del revisado vehicular, a las inversiones de los talleres de mecánica y los gastos por parte de las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de velar por la salud y la calidad de vida de nuestra población.

La autora es directora de Protección de la Calidad Ambiental de la ANAM