campaña política.
TE ha tramitado 220 suspensiones de fuero
Los magistrados ordenaron que las peticiones de levan- tamiento de fuero deben resolverse en tres días.
| LA PRENSA/Victor Arosemena |
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| Boris Barrios, fiscal electoral.1107171 |
Leonardo Flores
lflores@prensa.com
El Tribunal Electoral ha recibido solicitudes de levantamiento del fuero electoral a un total de 220 personas que han participado de los procesos electorales internos de los partidos políticos, según un informe actualizado hasta el pasado 6 de octubre.
De ese total, 177 casos han sido solicitados contra miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) tras la elecciones internas para escoger las máximas autoridades del partido y a los candidatos de elección popular.
De acuerdo con el informe, cinco solicitudes han sido tramitadas contra la candidata presidencial del PRD, Balbina Herrera, por la Fiscalía Electoral y el Ministerio Público.
A Herrera se la investiga por delitos contra la administración pública, contra el derecho de autor, y por violación al Código Electoral.
Con igual cantidad de solicitudes también está el alcalde capitalino Juan Carlos Navarro. La última de ellas fue hecha el pasado 14 de octubre por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, por supuesto delito contra la administración pública.
A Navarro también se le investiga por supuesto uso de recursos del Municipio de Panamá (personal) a favor de su precandidatura presidencial.
En la lista de los miembros del colectivo oficialista también aparece el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, de los concejales capitalinos Lourdes Romero, Joaquín Vásquez, Virgilio Crespo y Quibián Panay, entre otros.
En tanto, de los 220 casos, 24 han sido tramitados en contra de miembros de Cambio Democrático (CD); 18 casos contra adherentes del opositor Partido Panameñista; y otro contra un afiliado de Unión Patriótica.
El tema de la extensión de fuero electoral penal a los candidatos que participan en los procesos internos y en las primarias de los partidos provocó discrepancias entre el fiscal electoral, Boris Barrios, y los magistrados del Tribunal Electoral.
Barrios dijo públicamente que esta extensión se había convertido en un obstáculo para las investigaciones que realiza su despacho, por la demora en el trámite.
Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo y se estableció que las solicitudes se deben resolver en un término de tres días.
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