PROCURADURÍA REMITE VISTA A LA CORTE.
Piden archivar caso contra decretos ley
La Red Democracia Ciudadana querelló a 12 ministros tras aprobar las reformas de seguridad.
| LA PRENSA/Archivo |
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| La Red en las calles. 1100417 |
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
La Procuraduría General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia la denuncia criminal por abuso de autoridad y extralimitación de funciones que la Red Democracia Ciudadana –un movimiento opuesto a las reformas de seguridad impulsadas por el gobierno– interpuso contra los 12 ministros del Gabinete, entre ellos, Daniel Delgado Diamante, titular de la cartera de Gobierno y Justicia.
En su vista fiscal, la Procuraduría pide a la Corte archivar la denuncia, tras considerar que la simple firma de un acto –como los decretos ley– no constituye delito que amerite una investigación penal.
Al respecto, la Red –a través de Rolando Villalaz– dijo que la propia Constitución establece las funciones y los límites de los miembros del Gabinete que, a su juicio, al aprobar esas reformas mediante poderes extraordinarios se desbordaron en las atribuciones que la propia Carta Política les asigna.
Al rebosar esas facultades, dijo Villalaz, los ministros incurrieron en comportamientos tipificados como delitos en el Código Penal.
El pasado 1 de septiembre, la citada Red –entre cuyas figuras más visibles tiene a Angélica Maytín Justiniani, presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI); Miguel Antonio Bernal y Mauro Zúñiga– interpuso una denuncia luego de que los ministros aprobaran –mediante decretos ley– enmiendas a las leyes orgánicas de la Policía Nacional (PN) y del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Esos cambios borran la prohibición que tenía el Presidente de la República, quien ahora puede nombrar a un uniformado al frente de ambos cuerpos armados.
De hecho, en la actualidad tanto la PN como el SPI están bajo la dirección de militares de carrera.
En su denuncia, la Red había advertido que al aprobar el paquete de reformas (entre las que está la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad), los ministros desoyeron el reclamo popular que les advertía de la prohibición constitucional de legislar sobre aspectos que afectaran las garantías constitucionales.
La petición de la Procuraduría, que ingresó a la Corte Suprema a través de la Secretaría General, le fue asignada a la magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien será la ponente en el caso.
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