PERVERSIÓN INSTITUCIONAL.

‘La vida no vale nada’

Esa vieja canción que en su estribillo repite: “Camino de Guanajuato/ La vida no vale nada” –tal vez por esos años de post revolución en que los caminos estaban asediados por bandoleros–, nos viene muy bien a los panameños que cada día, como abandonados de Dios, nos aventuramos por calles, caminos y avenidas pensando cuándo nos llegará la hora.

Es posible, como señala Octavio Paz, que los mexicanos asuman esta trágica dimensión de la vida como parte de su destino cósmico, pero entre nosotros este destino trágico cae como una perversión institucional.

Lo que en verdad asombra es que los panameños –cuyo destino cósmico no llega más allá de los sueños y los sorteos de lotería– hayan interiorizado ese patético destino y se resignen cada mañana a abordar un autobús con la parca tras el volante, dando por sentado, desde ese momento, que sus vidas no valen nada.

Es la memoria colectiva que aflora como condición genética acumulada por generaciones, me asegura un amigo seguidor de Jung; es que el panameño al fin se ha dado cuenta de que su ser es un ser para la muerte, me dice irónico un trasnochado defensor del existencialismo. Uno y otro argumento carecen de certeza, pero tienen mucho de cruel especulación. Lo único real es que el fenómeno no tiene otra raíz que los sucesivos condicionamientos producto de la manipulación, el engaño y el adoctrinamiento colectivo de un sistema diseñado para embrutecer.

En sombría conspiración, sucesivos gobiernos, empresarios inescrupulosos, oportunistas callejeros, ideólogos de la infamia y algunos medios de comunicación se dieron a la tarea de crear una entidad despersonalizada como ideal del panameño. Cercenando cualquier proyecto de educación liberadora, coartando las formas racionales de comunicación, distorsionando el orden lógico del pensamiento han terminado por crear una especie de “sub–humano”, de argamasa dúctil y utilizable, pero sobre todo carente del esencial sentimiento de autoestima.

No ha sido tarea fácil, requirió de muchos años y esfuerzos borrar las organizaciones, los valores y las costumbres que hacían de nuestra sociedad una forma civilizada de convivencia, desmembrar aquella “Panamá educada, culturizada, promotora de valores y de buenos modales” (como me lo corroboran los testimonios de aquellas personas que tienen más de 50 años), para finalmente convertirla en una selva de asfalto y canibalismo.

Fue necesario institucionalizar la estulticia como entretenimiento y apadrinar pandillas corporativas para mantener el cerco de iniquidades en que se debate la vida del panameño. Se organizó, financió y protegió un sistema de transporte para ponerlo en manos de un sector totalmente carente del sentido de responsabilidad moral, social y de fácil manipulación política, con el claro conocimiento de que en un país ocupado el control de los medios de transporte es prioridad del régimen.

La verdad es que durante tres décadas a ningún gobierno le ha interesado la vida de los panameños, sino no estaríamos cotidianamente viviendo el mismo riesgo transeúntes, conductores y pasajeros exponiendo nuestras vidas en un país que supuestamente tiene un “superávit” y una economía envidiable, aunque al común de los mortales esto nos parezca un insulto o al menos una metáfora surrealista.

Ya alguien advirtió con buen tino que los panameños somos víctimas de un secuestro por parte del sistema de transporte y que las indemnizaciones a los dueños no es más que el rescate por ese secuestro a que nos han sometido por más de tres décadas.

Lo que en realidad no sabemos es si ese pago es para que efectivamente retiren las chatarras que circulan en las calles o es una generosa donación por una eventual alineación (o alienación) política en el próximo proceso electoral. Nada garantiza que después de efectuado el pago con dinero de todos los panameños, víctimas impotentes de secuelas genocidas, estos señores no mantengan circulando clandestinamente sus vehículos con la vista gorda de las autoridades, que sus “palancas” no sigan asesinando o mutilando inocentes con “licencia para matar”, o que los flamantes “empresarios del transporte” no usen ese dinero para importar más chatarra.

En acaloradas disputas de cuánto le toca a cada quién; de quién debe pagar a las financieras; de la parte que le corresponde al “palanca” y al “pavo”; de quiénes van a controlar las unidades de todavía inmóvil proyecto “Transmóvil” (cuyos efectos en las personas son tan poco conocidos y misteriosos como los efectos de los transgénicos) y de cuánto será la comisión del sindicato o del dirigente, se agotan las discusiones, pero nadie, ni gobierno ni transportistas, ha dicho que día de qué mes de qué año saldrán de circulación las chatarras y cuándo podremos salir a la calle sin smog, sin escándalos, sin maltrato y sin el temor a la muerte colectiva.

Mientras esto se discute en reuniones ejecutivas, en arreglos “consensuados” de cuotas políticas, de estímulos pagados con los dineros de los contribuyentes o en la puerta trasera del local del partido, miles de panameños se preguntan: ¿Quién indemnizará a los familiares de los calcinados, atropellados, aplastados, desangrados y desmembrados?

¿Quién, señores del gobierno, se hará responsable de tanto llanto, de tanto miedo, de tanta muerte, de tanta sangre?

La autora es docente universitaria