BOLIVIA.
La otra conspiración
Violeta Yangüela
El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusa al embajador de Estados Unidos, Philip Golberd, de conspiración contra la democracia y de buscar la división de Bolivia con su respaldo a las protestas de los grupos de apoyo a las autonomías regionales. Es declarado persona no grata y expulsado de Bolivia.
En respuesta recíproca, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la expulsión del embajador boliviano en Washington. Sean McCormack, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos negó que Golberd haya instigado los ataques de la oposición al gobierno y que esas acusaciones no tenían fundamento.
El presidente Hugo Chávez ordena la expulsión del país del embajador de Estados Unidos y le concede un plazo de 72 horas para salir del país en un acto de solidaridad con el Gobierno de Bolivia. Con el grito de “váyanse al carajo, yanquis de la mie... que aquí hay un pueblo digno, váyanse a la mie...”.
Estados Unidos también ordena la expulsión del embajador de Venezuela, y el vocero McCormack expresa su pesar por la decisión de Evo Morales y Hugo Chávez de expulsar a los embajadores estadounidenses, y afirmó que es un reflejo de la debilidad y la desesperación de ambos líderes frente a los desafíos internos.
Hugo Chávez, de nuevo, declara que si los “pitiyanquis” financiados y armados por el imperio derrocan a algún gobierno nuestro, tendríamos luz verde para iniciar operaciones de cualquier tipo y restituir el orden en el país hermano.
Esas declaraciones del teniente coronel de Venezuela son respondidas por las Fuerzas Armadas bolivianas rechazando enfáticamente intromisiones externas de cualquier índole, vengan de donde vengan, y que no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise territorio boliviano.
El Gobierno venezolano le responde con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo un llamado al comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia que, en vez de cuestionar la solidaridad de Venezuela, el general boliviano tiene el deber de cumplir con firmeza su juramento de lealtad al gobierno legítimamente electo.
Se le agrega a ese comunicado las declaraciones de Hugo Chávez en las que dice no pretender involucrarse en los asuntos internos de ningún país, aunque ratificó que no se quedaría de brazos cruzados en caso de que se lleve a cabo un golpe de Estado en Bolivia o ataquen al Presidente de ese país.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”, que significa la congelación de los bienes y la prohibición de realizar negocios y transacciones con los implicados, al ex ministro de Relaciones Interiores Ramón Rodríguez Chacín; al jefe de la Dirección de los Servicios de Información y de Prevención (DISIP), Henry Rangel Silva; y al jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DIM), Armando Carvajal Barrios, por estar relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
¡Qué coincidencia! Resulta que dos de estos señores a los que se les han congelado sus bienes e impedido realizar negocios, son protagonistas de la conspiración del famoso maletín de los 800 mil dólares destinados a financiar la campaña del socio bolivariano en Argentina.
Firmas Press. La autora es periodista dominicana.
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