Algunos funcionarios de este gobierno insisten en no medir las consecuencias de sus actos. El Ministerio de Comercio e Industrias mantiene su desenfrenada política de entregar -sin miramientos- tierras estatales a empresas locales y extranjeras para explorar y explotar la minería.

Y una vez más se ha excedido, pues la aprobación de nuevas licencias ahora incluye territorios bajo protección, como lo es el Parque Nacional Chagres. Si Panamá fuera una nación sin más recurso que el minero, si no tuviéramos el auge económico actual, si no poseyéramos un Canal, las razones para llegar a esa decisión podrían hasta ser entendibles. Pero distamos mucho de necesitar ese tipo de menoscabo ambiental.

De hecho, conceder licencias de exploración minera contradice la política de promoción turística en la que se gastan millones de dólares de todos los panameños. Está claro entonces que no hay compromiso, que no existe un plan maestro ni mucho menos coherencia: lo que uno labra por un lado, otro funcionario lo destruye por el otro. Estamos a la deriva, y así el gobierno pretende convencernos de darle otros cinco años al frente de la nave del Estado.