INVESTIGACIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO CONTINÚA LAS AVERIGUACIONES POR POSIBLE TRATA DE PERSONAS.

Los ‘ilegales’ detenidos en Laurel

Contrario a lo que se pensó originalmente, los paname-ños llegaron a Estados Unidos con visa de trabajo.

Como parte del proceso de deportación, los nacionales ilegales podrían llegar al país antes de que termine el mes.

CORTESÍA/Cancillería de la República

PRISIÓN. En el centro de detención de Jena, en Louisiana, están los 42 panameños detenidos tras la redada del pasado 25 de agosto.1095564

Por lo menos cuatro empresas estadounidenses y tres supuestos “coyotes” panameños pueden estar involucrados con una supuesta red de traficantes de personas que ofrecieron documentos para trabajar en Estados Unidos (EU) a un grupo de 52 panameños, que luego fue detenido en medio de una redada migratoria de indocumentados el pasado 25 de agosto, en una fábrica en la comunidad de Laurel, en el estado sureño de Mississippi, y que enfrenta un inminente proceso de deportación, informaron fuentes oficiales.

Los hallazgos se desprenden de las declaraciones que los panameños ofrecieron a una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores que viajó a EU con miras a coordinar una asistencia legal, tras la operación en la que se detuvo a 590 personas en la empresa Howard Industries, que fabrica transformadores eléctricos, y que es uno de los principales empleadores en Laurel, una comunidad que no supera los 20 mil habitantes.

La redada, que ha sido considerada como la mayor en un centro de trabajo en la historia de EU, se produjo tres días después del malogrado programa piloto de autodeportaciones, que en 17 días solo entusiasmó a ocho de los 550 mil indocumentados con orden de deportación vigente y sin antecedentes criminales a presentarse ante las autoridades migratorias y diseñar, juntos, el proceso de expulsión del país en un término no mayor de tres meses.

Tres meses antes, en mayo último, cerca de 400 indocumentados fueron detenidos en una operación similar efectuada en un matadero de Postville, Iowa, y que levantó voces críticas de grupos de derechos civiles que pidieron al Gobierno una moratoria de los arrestos, hasta que el Congreso aprobara una reforma migratoria que legalice a los cerca de 12 millones de indocumentados que viven en EU.

Pero al programa solo se incorporaron ocho extranjeros, lo que motivó que el pasado 22 de agosto el Gobierno anunciara que el plan quedaba clausurado y que reactivaría las redadas en busca de indocumentados en todo el país. En ese contexto se produjo la detención de los 52 panameños.

REALIDAD

Del grupo de panameños, 42 están en el Centro de Detención de La Salle, situado en Jena, en el vecino estado de Louisiana, informó Vladimir Franco Sousa, director de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería panameña y jefe de la delegación que cumplió la misión en EU.

El resto fue liberado de manera condicional por asuntos humanitarios, pero está bajo vigilancia con dispositivos electrónicos, que le impiden abandonar Mississippi.

En ese último grupo, explicó Franco Sousa, hay ocho mujeres con hijos menores de edad, y dos hombres que sufren problemas de salud. Todos deben presentarse ante un juez de migración en medio de un proceso de deportación, aunque hay 12 panameños que anunciaron su interés de interponer recursos de nulidad a ese trámite para quedarse en EU.

En el grupo hay un capitalino, un santeño y dos veragüenses. Los demás son de comunidades como Río Sereno, Camarón Arriba, La Estrella y Santa Rosa, en el distrito de Bugaba; y de los distritos de Renacimiento y David, todos en Chiriquí. Las edades de todos ellos oscilan entre los 20 y 40 años.

Las autoridades migratorias estadounidenses dijeron que las primeras deportaciones se realizarían este mes.

Franco Sousa, empero, evitó dar detalles del contenido del informe que la Cancillería preparó tras su visita a EU y que hace 10 días le fue entregado al Ministerio Público (MP).

Sobre este caso, el MP abrió una investigación de oficio, tras la posibilidad de que bajo estas ofertas de trabajo se halle una banda con la careta de promotores de empleos.

LA INVESTIGACIÓN

El canciller Samuel Lewis Navarro ha dicho que existe la posibilidad de que esos trabajadores hayan sido engañados. “De lo que se trata, pareciera, es de una red de traficantes de personas, que es un delito que tiene que investigarse”, dijo Lewis Navarro, quien el pasado 17 de septiembre dirigió una nota a la procuradora, Ana Matilde Gómez, en la que se le adjunta el citado informe.

Leonila Gaytán, fiscal quinta de circuito en Chiriquí, a quien le asignaron estas investigaciones, dijo en charla con este diario que las diligencias se encuentran en su etapa inicial. La semana pasada, comentó, recibió el informe preparado por personal de la Cancillería, y está a la espera de que los panameños detenidos retornen al país para tomarles declaración jurada.

Mientras ello pasa, dijo Gaytán, se comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para que realice las investigaciones de campo, en busca de pruebas que permitan determinar si se ha configurado el delito de tráfico de seres humanos.

Gaytán no ahondó en detalles, tras señalar que pertenecen a la “reserva” del sumario.

Este diario consultó a familiares de las personas detenidas en EU, al igual que a fuentes diplomáticas, jurídicas y periodísticas que de alguna manera han estado relacionadas con este caso.

Los hechos apuntan a que se puede tratar de una red con enlaces en EU y Panamá, que, incluso, podría contar con ayuda de personal encargado de autorizar visas de ingreso a el país estadounidense.

Al ser consultada sobre este particular, la Embajada de EU en Panamá respondió que no haría comentarios, debido a que hay una investigación en curso.

LA TRAMA

La mayoría de los 52 panameños detenidos llegó a EU a partir del año 2005, en grupos de entre 10 y 12 personas, según investigaciones preliminares.

Dedicados principalmente a actividades agrícolas y de construcción, con un grado de escolaridad básico, ese grupo de panameños tuvo que desembolsar, en promedio, entre mil 500 y 4 mil dólares para ingresar a EU, monto queincluía el costo de los boletos de avión.

Contrario a lo que originalmente se había pensado, los panameños llegaron a EU de manera legal, con visa de trabajo estampada en su pasaporte, la cual fue autorizada por el Consulado de EU en Panamá. Solo dos de ellos, señalóuna fuente panameña en Laurel, le dijo a las autoridades que había ingresado con visa de turismo. Familiares, al igual que los propios detenidos, han identificado a Víctor Guerra y Herbeth Matute como los contactos en Panamá de las compañías que les ofrecieron empleo. También mencionaron , como parte de esos enlaces, a un veragüense, aunque aseguraron que no recordaban el nombre.

Guerra, según las versiones de los detenidos, era la persona que cumplía la tarea de acompañarlos al momento de tramitar el visado estadounidense y les esperaba fuera del edificio.

Este personaje, que este diario no ha podido ubicar, se encargaba de brindarles lecciones encaminadas a responder, sin contratiempo, las preguntas que les hicieran en el Consulado estadounidense.

Las visas de trabajo, concedidas con vigencia de entre uno y tres meses, les fueron otorgadas por funcionarios consulares que, según el relato de los beneficiados, les formularon preguntas ligeras como, por ejemplo: ¿tiene familia?

Ya, en EU, las visas de trabajo se les vencieron y “decidieron correrse un chance”.

Las autoridades intentan determinar cómo estos panameños llegaron a trabajar a una fábrica de transformadores eléctricos, si habían sido contratados como sembradores de pino.

También buscan si hay alguna relación con cuatro empresas estadounidenses en las que supuestamente habrían trabajado algunos de los panameños que ahora se encuentran detenidos.

Pero la tragedia no queda allí. Detenidos y familiares de ellos se preguntan cuál será el destino de las propiedades, especialmente casas y automóviles, que los panameños que ahora afrontan un proceso de deportación obtuvieron de manera legal, y quién sufragará el costo del pasaje de vuelta a su país.

La Cancillería aseguró que estará pendiente de la deportación, pero no se hará cargo de los gastos de retorno. “No veo cómo el Estado tiene que premiar a alguien luego de haber cometido un ilícito”, dijo el Canciller.

Tienen dos opciones para elegir

El grupo de 52 panameños detenidos en Laurel, Mississippi, el pasado 25 de agosto, en medio de una redada migratoria, tiene dos opciones: regresar a Panamá de forma voluntaria o solicitar un beneficio migratorio; proceso que podría demorar más de un año.

Así lo informó Juan Carlos Estrada, agregado en Panamá de Asuntos Migratorios y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU).

Según el sitio www.univision.com, todo detenido está bajo un procedimiento individual y deberá presentarse ante un juez migratorio. Sin embargo, en esta etapa puede elegir entre las dos opciones arriba señaladas. El proceso de repatriación voluntaria puede demorar entre unos 30 a 40 días, pero los que elijan los beneficios migratorios podrán permanecer en EU hasta que se defina el proceso legal.

Paralelo a ello, según reportó la BBC online, la Fiscalía en el estado de Mississippi investiga si los administradores de Haward Industries, donde se llevó a cabo la redada, incumplieron una ley estatal. Según la norma, aprobada a principio de 2008, las empresas están obligadas a confirmar el estatus migratorio de sus empleados en la base de datos E-Verify.

Se van en busca de otra oportunidad

OPINIÓN I Todos los días un número desconocido de panameños toma la decisión de abandonar su país (legal o ilegalmente), para buscar alternativas en otros países. Son muchos más los que ponderan el asunto, sin llegar aún a una decisión. La razón es muy sencilla: los últimos gobiernos han transformado la estructura social y económica de Panamá eliminando decenas de miles de empleos productivos y oportunidades para avanzar.

Aun cuando los gobiernos de diferentes partidos proclaman que no se debe intervenir en la economía, hacen todo lo contrario. Bajo el paraguas del neoliberalismo legislan, aprueban decretos y hacen desaparecer las instituciones que sostienen la democracia. Las mismas leyes y decretos neoliberales que obligan a muchos a abandonar el país, buscando oportunidades que no existen en Panamá, explican la creciente criminalidad.

Para combatir ambos problemas, el Gobierno se desvía por caminos equivocados, y bajo presión de Estados Unidos, adopta políticas militaristas que no constituyen solución a la destrucción de empleos bien remunerados, a la desintegración de la institución familiar ni a la delincuencia juvenil.

El autor es director del Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela)