SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA.

Las redes de cerco y su impacto negativo en las especies acuáticas

Los pilares de toda actividad de explotación de los recursos marinos son los principios científicos, económicos y el desarrollo sostenible. En el pasado no contábamos con la información científica ni mucho menos con la experiencia, pero ahora después de tantos años de sobreexplotación también la podemos usar como una fuente de información.

Es lamentable que el director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el señor Pérez Guardia, utilice los principios científicos para justificar un negocio en beneficio de unos cuantos, pero en perjuicio de muchos panameños.

El señor Pérez Guardia ha manifestado que el desarrollo de las granjas atuneras se hará bajo los principios científicos. No obstante, son casualmente estos principios los que han demostrado que las granjas atuneras y la pesca de atún con redes de cerco son dañinas al ambiente y por ende no se deberían permitir. Estos principios y la experiencia de tantos años han dejado claro que las granjas atuneras solo logran la sobre explotación y hasta extinción del atún.

Existen cientos de estudios de las más prestigiosas instituciones científicas del mundo y de la propia agrupación pesquera Comisión Internacional de Atún Tropical (CIAT), que plantean la preocupante disminución mundial de las poblaciones de atún, producto de la sobreexplotación. Adicionalmente, las redes de cerco han sido denunciadas por su impacto negativo en otras especies como las ballenas, los delfines, las tortugas, entre otras muchas especies que son capturadas por estas enormes redes.

Ahora bien, las más respetables autoridades científicas han presentado estudios que demuestran que las famosas granjas atuneras representan una actividad insostenible, por su alto grado de contaminación en los lugares donde se establecen. Las granjas atuneras han arrasado con miles de hectáreas de corales y arrecifes coralinos y han causado virus en Australia y México. Su ubicación debe ser solo en mar abierto y no en áreas cerradas como la bahía de Chiriquí, donde se pretenden establecer. En otras palabras, en Panamá se establecerán en contra de todos los principios científicos.

Otro aspecto de las granjas atuneras, es que se ha comprobado que la práctica de granjas atuneras es ineficiente, ya que se necesitan 25 libras de alimento, que son a su vez peces extraídos del mar, para engordar 1 libra de atún. No solo que se explota el atún sino también otras especies como las sardinas que son básicas para el equilibrio de nuestro ecosistema y de las actividades pesqueras de los panameños.

Podríamos repasar y describir innumerables aspectos científicos por los cuales no se deben permitir las redes de cerco y las granjas atuneras en nuestras aguas, pero también hay experiencias que sustentan lo negativo de esta actividad. En el Atlántico y Mediterráneo se han disminuido las poblaciones de atún a través de la pesca para las granjas atuneras hasta tal punto que a partir de este mes se han establecido prohibiciones de pesca del mismo. Es obvio que están desesperados por establecerse en Panamá, porque en sus países se les ha prohibido debido a las grandes contaminaciones y a la sobreexplotación que han causado.

Es importante mencionar que en 2004 en Panamá usaron las mismas amenazas “nos vamos para Costa Rica que nos están esperando con los brazos abiertos”, pero nuestros vecinos ticos los rechazaron por lo que han llegado con el mismo argumento nuevamente.

La eliminación del artículo 11 de la Ley de Coiba, para permitir las redes de cerco y las granjas atuneras, así como las excepciones que ahora quieren introducir, solo tiene una justificación y respaldo que es “económico” para beneficiar a un grupo selecto y pequeño, pero con mucho poder, que ha sido desplazado de su actividad en otros países como consecuencia de la sobreexplotación que han efectuado. Todos los principios científicos y de desarrollo sostenible apuntan a que no se debe permitir las redes de cerco ni las granjas atuneras en aguas panameñas.

El autor es conservacionista