ANÁLISIS. REFORMAS constitucionales.

Segunda vuelta, debate inconcluso

Los defensores aducen que un Presidente que no obtiene el 51% de los votos no es elegido por las mayorías.

Los que se oponen, alegan que los partidos pequeños adquieren demasiado peso representando a poca gente.

LA PRENSA/Archivo

ELECCIONES. El 29 de octubre de 2006, Brasil celebró su segunda vuelta electoral. 1083162

Ninguno de los tres últimos mandatarios que ha tenido Panamá en los últimos 15 años obtuvo la victoria con más del 50% del respaldo popular.

Ernesto Pérez Balladares, con el 33% de los votos, se convirtió en el presidente de Panamá en 1994 luego de competir en un torneo electoral en el que participaron seis aspirantes más. Es decir, que el 67% de los panameños optó por otro candidato, votó en blanco o su voto fue nulo.

En 1999, Mireya Moscoso, luego de competir con otros dos candidatos, se convirtió en la primera presidenta mujer de Panamá con el 44% del respaldo popular. El 56% restante no votó por ella. En el último torneo, celebrado en 2004, el actual mandatario, Martín Torrijos, compitió con otros tres candidatos y ganó con un 47% de apoyo, lo que quiere decir que el 53% de los panameños no lo apoyó.

En los tres casos, fueron más quienes no apoyaron sus ofertas, que quienes sí lo hicieron. Ante ese hecho, hay quienes sugieren la incorporación de la segunda vuelta en el Código Electoral, iniciativa que hasta ahora no ha sido incluida.

La segunda vuelta es un proceso que se realiza cuando, en un torneo electoral, ninguno de los candidatos obtiene el 51% de los votos. Consiste en que los dos más votados compitan en una segunda ronda. Este mecanismo se aplica en 13 países, según un estudio de Fernando Barrientos, politólogo de la Universidad Autónoma de México.

Barrientos dice que la segunda vuelta busca “asegurar la mayoría en la elección presidencial”. Y justo con ese objetivo es que el presidente del partido Molirena, Sergio González Ruiz y el presidente de Unión Patriótica, Guillermo Ford, apoyan su implementación en Panamá. Los tres opinan que eso permitiría que, quien gane, lo haga con márgenes más amplios. “Así se define al ganador, no crea suspicacias. Si se gana con el 40% de los votos, no se fue elegido por la mayoría”, dijo Ford. En tanto, González Ruiz indicó que un candidato debe gobernar cuando obtiene más de la mitad de los votos.

OPOSITORES

El ex magistrado del Tribunal Electoral (TE) Dennis Allen opinó que “hay que respetar la voluntad popular expresada con el 25, 30 ó 40%. En la segunda vuelta, las campañas son largas y costosas. Negocian partidos grandes y chicos, y los chicos logran cuotas de poder que no obtuvieron en la primera vuelta”.

Con Allen concuerda Guillermo Márquez, también ex magistrado del TE: “la segunda vuelta estimula la proliferación de partidos y candidatos que pierden en la primera vuelta y aspiran a negociar con los candidatos para apoyarlos en la segunda vuelta a cambio de posiciones y prebendas”.

El politólogo Harry Brown opina que “los partidos pequeños adquirirían un peso desmesurado en el sistema político, sin representar a mucha gente”.

Márquez y Brown también cuestionan el hecho de que la segunda vuelta contribuye a que haya más participación. Márquez dijo que “no por ello los electores van a votar en la segunda vuelta por los candidatos que no eran de su preferencia en la primera elección, y que ya en la segunda no participan”, y si lo hacen, no expresan una voluntad plena sino mediatizada por la primera vuelta”. Brown dice que “muchas personas que votan por el ganador en segunda vuelta dieron su voto a su segunda o tercera opción, por lo que la legitimidad sigue siendo débil”.

En las reformas electorales realizadas en 2000 y 2005, tras culminar los procesos electorales de 1999 y 2004, el tema de la segunda vuelta fue llevado a debate por miembros de partidos políticos o de la sociedad civil, pero no avanzó porque quedó claro que este tema era de orden constitucional, por lo que debería ser analizado en las instancias correspondientes. Por eso se decidió no debatirlo, para evitar extralimitación de funciones, apuntó el ex magistrado Allen.