La orden dada por un juez el viernes pasado –que conlleva el secuestro de un medio de comunicación– es un actuar peligrosísimo que debe ser corregido inmediatamente. Podemos tener reservas en cuanto al contenido o estilo del medio clausurado, pero es inadmisible que mediante un secuestro civil se logre silenciar un periódico.

Nuestra Constitución protege la libertad de expresión e información. Un periódico podrá o no ser juzgado y condenado por lo publicado, pero es inadmisible que haya sido castigado cuando ni siquiera se le ha comprobado responsabilidad. El juez debió meditar las consecuencias de su decisión: no se está secuestrando una lavandería ni un almacén, sino el ejercicio de un derecho superior, no mercantil.

Más grave aún, permite que un poderoso empresario, molesto con una publicación, logre la clausura de un medio con la sola interposición de una fianza. Pavoroso precedente para un sistema democrático que, sin duda, tendrá gravísimas consecuencias tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.