SAN-100.

Sin resquicios para las dudas

Es de suponer que nuestras autoridades tienen claro que las investigaciones en el caso del siniestrado helicóptero SAN-100 deben ser tan apegadas a la verdad y la transparencia que no dejarán resquicios para las dudas. A toda costa debe evitarse que, para escabullir responsabilidades, o esconder la verdad, se entorpezcan las investigaciones como sucedió con el helicóptero HP-1430, bochornoso capítulo del gobierno de la presidenta Moscoso en febrero de 2001; la urdimbre de mentiras y excusas absurdas fue tal, que a pesar de los esfuerzos realizados por la fiscal anticorrupción, Cecilia López, nada se aclaró.

El helicóptero, recordemos, se quedó sin combustible cuando retornaba a la capital después de una fiesta en la casa presidencial de Punta Mala; el flotante HP-1430, que pudo haber sido remolcado, fue hundido a balazos; se supo después que uno de los buzos se perforó un pulmón mientras intentaba rescatar lo que sea que había quedado en el helicóptero, hecho lamentable, pero que nos permitió enterarnos del interés por rescatar ¿documentos? que había en la aeronave. El distraído piloto fue premiado con un puesto en el Consulado de Panamá en Miami; algunos de los involucrados se hicieron humo y el tiempo, aliado eficaz de la impunidad, se ha encargado de cubrir con telarañas un caso ejemplar de encubrimiento.

El presidente Torrijos, dicen algunos, necesita una “limpia”, un sahumerio que aleje la mala sombra que lo ha acompañado desde que ocupó la silla que dejó Moscoso. Le tocó cargar con la devastadora inundación de Prados del Este, urbanización construida con préstamo del Banco Nacional a una empresa en la que era socio un pariente del Pariente (Bolívar) gerente de Banconal. Después siguió la muerte de 18 ciudadanos en el incendio de uno de los autobuses adquiridos gracias a un préstamo de $30 millones del Banco Nacional, en el gobierno anterior. Sobre este caso “Los peritos también sostuvieron que la tragedia se pudo haber evitado, si el vehículo hubiese tenido los medios de ingreso y de salida debidamente identificados, y si el conductor hubiera actuado de manera responsable antes del incendio.

La fiscalía señala que pudo haber ‘omisiones’ de parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en la aplicación de la ley que regulaba la revisión de los buses y que las empresas Ultraparte y F. Icaza S.A. pudieron haber infringido los estándares de calidad exigidos por la ley al importar y darle mantenimiento a este tipo de vehículos, que llegaron con defectos. Y que los encargados del financiamiento –Banco Nacional de Panamá– para la adquisición de estos buses, pudieron actuar de manera ligera” (La Prensa 23/10/07). La cadena de siniestros continuó con las muertes que causó (y sigue causando) el dietilene glicol, doloroso capítulo originado por viejas y conocidas deficiencias en el control de calidad del laboratorio de producción de medicamentos de la Caja de Seguro Social; según el entonces jefe del laboratorio (Panamá América 28-10-2006), “la falta de equipos impide identificar el producto que está mezclado en algunos medicamentos finales como el jarabe sin azúcar”.

Y que el laboratorio “tampoco cuenta con equipos para realizar pruebas de titulación (análisis que revela el nivel de compuesto que tienen los medicamentos), de espectrofotometría (análisis óptico que permite comparar la radiación absorbida en los medicamentos) y de absorción”. Al final de tanta muerte y pesar, queda patente la ineficiencia, la entorpecedora burocracia, la protección a los “monos gordos” de la empresa privada; y que siempre hay a mano flacos chivos expiatorios para eximir de responsabilidad a los jefes grandes.

La última de las tragedias que ensombrece la gestión Torrijos tiene componentes muy delicados. Están de por medio las explicaciones que se le deben a un país amigo, Chile. Precisamente por la transparencia con que debe manejarse la investigación, resulta sumamente irregular que el informe del mayor Camarena, sobre el percance del SAN-100 en febrero 2007, no fuera entregado para la investigación; verificar si el documento que llegó a La Prensa fue alterado antes de filtrarlo al diario, o si es fiel copia del original, corresponde al Ministerio Público. Es criticable la ligereza del viceministro Severino Mejía al referirse al informe presentado, precisamente, por el piloto que había tenido la mala experiencia de un fallo que lo obligó a aterrizar el SAN-100, con personal de la Embajada de Japón a bordo, en un potrero en Veraguas y para mayor bochorno, que ni siquiera tuviera un sistema de comunicación apropiado. El caso del siniestrado SAN-100 no podrá ser manejado como se hizo con el HP-1430; ni con la negligencia, la incompetencia y la impunidad que ha convertido en un calvario la vida de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de envenenamiento con dietilene glicol. El embajador chileno manifestó que “se debe acelerar el sumario legal para acordar qué camino seguir para que haya justicia y tranquilidad” (Panamá América 29-8-08). Dicho sin tanta diplomacia, que no aceptarán una investigación sesgada, incompleta o lenta.

Estoy segura de que el presidente Torrijos, consciente de que está en riesgo el prestigio de su gobierno, se asegurará de que sus subalternos no caerán en la tentación de “acomodar” la investigación para quedar bien con el jefe, o salvar el pellejo. Duro golpe sería que el resultado nos fuera adverso. Mucho más costoso sería no enfrentar la responsabilidad que corresponda.

La autora es comunicadora social