AMBIENTE. Asamblea discutirá esta semana sobre artículo que afecta a especies marinas del pacífico panameño.

Granjas atuneras, en el ojo del huracán

El Gobierno busca desarrollar la industria atunera en el país, que en otros países es rechazada.

Ambientalistas y científicos advierten de consecuencias adversas que esta actividad tiene sobre el medio ambiente.

LA PRENSA/ Archivo

PROYECTO. Las granjas atuneras en el golfo de Chiriquí se construyeron en 2004 para el engorde de atún. El proyecto ha estado suspendido hasta ahora, pero el Gobierno busca impulsarlo. 1082051

La batalla que se ha desatado en el país por la eliminación de la prohibición de pesca de atún con redes de cerco en el Pacífico panameño es la punta del iceberg de un problema mundial.

Mientras que el Gobierno de Panamá impulsa a toda corriente el desarrollo de granjas atuneras en el Pacífico, reportes desde el Mar Mediterráneo dan cuenta de la disminución trágica de la población de atún por esta actividad.

La revista científica National Geographic, en su edición de abril 2007, señala que “para abastecer los mercados mundiales de sushi, el atún rojo se pesca en el Mediterráneo a una tasa cuatro veces superior a la sustentable. Estos peces se engordan en las costas de España, en una de las 69 granjas atuneras que han surgido en el Mediterráneo en el último decenio, mermando sus poblaciones”.

La información no tendría ninguna importancia para Panamá si en la revista no se mencionará al consorcio español Grupo Fuentes, el mismo que desarrolla una granja atunera en el golfo de Chiriquí, a través de su empresa subsidiaria Granjas Atuneras S.A., que se instaló en el país en 2004.

En julio de ese mismo año entró a regir la Ley 44, mejor conocida como la ley de Coiba, que en su artículo 11 creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño “en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que (...) afectan especies marinas como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras”.

Para el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Reynaldo Pérez Guardia, la norma fue un impedimento para el desarrollo de las granjas atuneras.

Pero la veda jurídica terminó el 7 de agosto pasado, cuando se publicó en Gaceta Oficial la Ley 55 de 6 de agosto de 2008, que regula el comercio marítimo, y que de paso derogó el artículo 11.

Por lo menos cuatro organismos no gubernamentales –Centro de Incidencia Ambiental, Fundación MarViva, Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y Fundación Natura– y dos agrupaciones (Asociación de Clubes de Pesca Deportiva y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas) cuestionaron públicamente la derogación del artículo.

Diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), por su parte, han salido a defender la derogación.

ADVERTENCIA

En medio del debate de la derogación del artículo 11 de la ley de Coiba, ambientalistas y científicos advierten sobre los peligros por la utilización de las redes de cerco. La Autoridad Nacional del Ambiente señala que se violan convenios internacionales.

Sin embargo, para el Gobierno no existe tal amenaza. “La pesca de atún con redes de cerco es menos dañina que el resto de las pescas”, arguyó Pérez Guardia.

La Comisión Interamericana de Atún Tropical, organismo que regula la pesca de esta especie, tiene otra visión. “Las tendencias son claras: las poblaciones de atún aleta amarilla y patudo están disminuyendo, al igual que el tamaño medio de los individuos capturados. Mientras tanto, la capacidad, el esfuerzo y la eficacia de la pesca están aumentando, y la alta tasa de captura de juveniles está exacerbando la disminución de las poblaciones”. La aseveración forma parte de las conclusiones a las que llegó la Comisión reunida en marzo de este año en California , Estados Unidos.

DAÑOS COLATERALES

La Fundación MarViva habla de otros daños paralelos por la utilización de redes de cerco: la pesca incidental.

Gabriela Etchelecu, directora de MarViva, dijo que el pez vela, protegido en Panamá, corre el riesgo de quedar atrapada en las garras de los atuneros. Cinco de las siete especies de tortugas en peligro de extinción también se verían afectadas por la utilización de las redes, dijo Etchelecu. También podrían sufrir delfines y ballenas.

Pero para Pérez Guardia la realidad es otra. Las mallas de las redes que se utilizarán no hacen daño a las especies porque permiten las salidas de otros peces, dijo. Según él, las embarcaciones contarán con tecnología y serán supervisadas por funcionarios de la Arap. Admite, eso sí, que se produce la pesca incidental, pero que eso es un principio en toda actividad pesquera, incluyendo la deportiva.

Luis López Alfaro, secretario de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva, y quien se opone a la derogación del artículo, dijo que la comparación de la pesca deportiva con la de redes de cerco “es totalmente descabellada”.

“Los océanos del mundo son solo una sombra de lo que fueron”, señala National Geographic, y concluye que “solo cuando los peces sean vistos como forma de vida que merece protección, cuando el atún rojo del Mediterráneo sea concebido igual de majestuoso que el oso pardo de Alaska o el león pardo africano, se detendrá la disminución de los recursos de los océanos”.

Mañana, cuando se reinicia el periodo legislativo la pesca de atún volverá a ser centro del debate entre defensores y opositores de esta controvertida práctica.

ENFOQUE
Derogación fue un gran error

OPINIÓN. La derogación del artículo 11 de la Ley 44, respecto a la prohibición de la pesca en el Parque Nacional Coiba, es un gran error en todos los sentidos. Por ser un parque nacional hay que protegerlo, particularmente de este tipo de actividad. Lo que hace especial a Coiba es su extraordinariamente abundante y diversa fauna marina, que se ha mantenido así precisamente por la limitación extrema de la pesca en el área. La pesca comercial es una actividad humana ineficiente y antiecológica. Del 50% al 75% de los seres marinos capturados son descartados como inservibles, pero muertos o severamente lesionados. Si se toma en cuenta los animales perjudicados por el proceso, las consecuencias son aún mayores. Además, los hábitats de estos seres son destruidos por muchos tipos de pesca.

Permitir tal acción dentro de un parque nacional es una atrocidad a la cual nos oponemos categóricamente.El daño causado a estos ecosistemas marinos por la pesca comercial podría tardar generaciones en repararse, si acaso fuera posible. El beneficio de dicha pesca solo sería para los pescadores y para los funcionarios gubernamentales que lo permitieran, pero todos los demás saldríamos perjudicados. Por eso debemos evitar la destrucción de este paraíso biológico. El autor es oceanógrafo