VOLUNTAD POPULAR.
En busca del bienestar común
Javier Aguilar Arrocha
opinion@prensa.com
Recuerdo mis años mozos cuando en el Instituto Nacional analizábamos las políticas sociales, económicas, educativas, culturales, etc., de nuestro país y del mundo.
Recuerdo cuando los países desarrollados elaboraban estrategias para ayudar a los subdesarrollados, para eliminar la pobreza, ofrecían dinero, alianzas (para el progreso), en fin, todo cuanto fuera posible para “ayudar” a los pobrecitos pobres.
Han pasado décadas y décadas y aún sigo escuchando de organizaciones gubernamentales, concertaciones, congresos, conferencias, cónclaves y amén de otras acciones para “mejorar la calidad de vida”. ¿De quién?
Cada vez que en nuestro país se habla de transformar la educación y de mejorar la salud, de realizar cambios significativos, la historia nos ha demostrado que lo que se busca, en el fondo, es mantener la educación y la salud en su más ínfimo nivel de desarrollo intelectual y físico, porque en la medida en que un gobierno logra su objetivo de mantener una población distraída, ignorante y desnutrida, en esa medida garantiza su perpetuación en el poder. Poder de dominar a toda una población que se sumerge en la ignorancia, la desnutrición y la enfermedad.
¿Quién, con hambre, puede pensar más que en otra cosa que no sea alimentarse… ? ¿Quién, enfermo, puede pensar más que en sentirse mejor para alimentarse mejor…? ¿Quién no quisiera tener un conocimiento de la realidad para transformarla y hacer de este mundo un mundo mejor, afectivo, lúdico y solidario?
El Gobierno permite el “sálvese quien pueda”, que se le abran las puertas a los juegos de azar, a la sensualidad y erotismo; la educación autoritaria, impersonal, inhumana, con leyes que sustentan un proyecto económico específico; que se valore un número y no a la persona humana; que desaparezca el bien común para abrir las puertas al bien particular con énfasis en lo privado, lo mío es mío y nadie me lo quita (aunque no sea mío); y que permite la mala alimentación, así como la falta de salud mental yfísica, lo que provoca pereza, desánimo, estrés y depresión. Cada vez que los gobernantes metenmanos en estos renglones, es única y exclusivamente para garantizar –por medio de leyes– su seguridad económica y no la de nuestro pueblo panameño.
Es imperativo analizar la realidad del país –como hago ahora– para emprender con firmeza los cambios que requiere nuestra sociedad panameña, afectada por la inseguridad, la hambruna, el deterioro de la calidad y el pobre desarrollo humano, y las enfermedades que padecemos.
Creo firmemente que todo panameño consciente de su realidad social debe apoyar cualquier movimiento u organización que tienda al bien común, es nuestra más legítima opción, mucho más que la lucha por el poder político electorero actual.
El autor es profesor de ética y moral
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