LEYES INDESEABLES.

Un modelo de integración económica bajo amenaza

La celebración por la victoria aurífera de un atleta panameño en las Olimpiadas de Beijing se ha visto eclipsada por la inusitada noticia de la sanción de una ley de comercio marítimo que permite la pesca de atún con redes de cerco en el Parque Nacional Marítimo de isla Coiba.

Entendemos que el Gobierno, a través de la Autoridad de Recursos Acuáticos (Arap) venía impulsando una iniciativa legislativa que permitiría a barcos atuneros de cerco faenar arriba del paralelo 6° 30”, con la intención de capturar semillas para abastecer granjas atuneras interesadas en operar en Panamá.

Obviamente, la reciente ley que permite la pesca industrial en Coiba ha creado un malestar de confusión que se aviva aún más cuando en la sección Panorama, página 8A, publicada el 25 de agosto de 2008 en el diario La Prensa se anuncia que los esfuerzos por preservar los recursos del Parque Nacional Coiba (PNC) se han visto coronados con la entrega de los primeros cheques por un total de 35 mil 780 dólares a las comunidades aledañas a Coiba y al Centro Regional Universitario de Veraguas.

Desde que al PNC se le dio rango, protección y reconocimiento a través de una ley de la República adoptada el 26 de julio de 2004, se han venido coordinando e implementando programas entre organismos no gubernamentales, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y los municipios de Soná, Río de Jesús, Las Palmas y Mariato, para cumplir con los objetivos de esta ley: “garantizar la conservación y fomentar el uso sostenible de los recursos de la reserva”.

De no revisarse este inusitado artículo, se irían al trasto todos los esfuerzos y recursos invertidos para administrar la reserva e integrarla a la economía de las comunidades cercanas y a la del país, tal como se ha hecho en Galápagos, Ecuador, donde ni siquiera se puede fondear o poner combustible a los botes dentro del perímetro de esta isla, la cual es visitada de una manera controlada por turistas y científicos de todo el mundo.

Apelamos a la sabiduría de nuestro presidente Martín Torrijos, que se comprometió a corregir este triste descuido del cual no descartamos la injerencia de intereses particulares.

La autora es abogada