EL PAPEL DEL MIVI.

La piedra en el zapato de los promotores

En 1993, después de un año de estudios, el Ministerio de Vivienda (Mivi) concretó un plan integral de zonificación para varios barrios de la ciudad capital, entre los cuales estaba incluida la urbanización Obarrio, promovido por el departamento de Desarrollo Urbano y dirigido por la arquitecta Marta de Álvarez, apoyada por un selecto grupo de funcionarios técnicos y la Comisión de Urbanismo (Ad hoc) de la cual me correspondió ser parte junto con los arquitectos Edwin Brown, Marcelo Narbona, Rodrigo Guardia y el ingeniero Manuel González Ruiz.

Este plan contó con la consulta, participación y el consenso de los promotores, los propietarios y los ciudadanos y fue aprobado mediante resolución ministerial. Lo más especial del resuelto fue que prohibía cambios de zonificación durante cinco años a partir de su promulgación.

Estos planes de enorme valor técnico fueron demandados y derogados por “leguleyadas” durante la administración del ministro Francisco Sánchez Cárdenas, regresando el sistema de la administración urbana al primitivo mecanismo de cambio de zona por lote (spot zoning) y a la política de decisiones aisladas del Ministerio de Vivienda, para conveniencia exclusiva de los promotores y los políticos. El viejo adagio de “divide y vencerás” prevaleció en la ciudad.

Desde entonces hasta hoy día, los barrios de la ciudad están a la merced de los hábiles arquitectos que promueven los cambios de zonificación por lote a favor de los intereses de sus inversionistas. Pero para contrariedad de ellos, durante el año 2002 se incluye dentro de la Ley de Transparencia, en el Capítulo VII, Artículo No. 24, la condición que trascribo: “Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley.

Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios”.

Esto obligó al Ministerio de Vivienda a tener que cumplir con la consulta pública ciudadana para hacer cambios de zonificación, a pesar de que el mecanismo de la consulta pública “no es implicante”, como lo advierte constantemente el Ministerio de Vivienda, se ha convertido en el único recurso que tiene la comunidad para oponerse a las arbitrariedades y abusos que pretenden los inversionistas y sus obedientes arquitectos.

Obviamente esto incomoda a los desarrolladores, a los constructores, a los banqueros y a los promotores, tal como lo manifestó el arquitecto Ignacio Mallol en la última consulta de participación ciudadana celebrada por el Mivi para cambios de zonificación solicitados en urbanización Obarrio.

Según Mallol, “las consultas ciudadanas causan desgaste, tanto a los vecinos como a los promotores” y propone para resolver esta molestia “crear mesas de trabajo integradas por todos los interesados, para hacer cambios planificados”.

Lo que propone el arquitecto Mallol fue lo que hicimos en el Ministerio de Vivienda durante varios años en el primer quinquenio de 1990, logrando un plan integral para la zonificación de urbanización Obarrio. Pero la historia lo demostró, esto no le convenía a los promotores y sus arquitectos, razón por la que lograron, junto con los políticos de turno, engavetar los planes aprobados.

Ahora, porque tienen la piedra de las consultas ciudadanas obligatorias metidas en el zapato, proponen regresar a lo anterior.

Es responsabilidad del Ministerio de Vivienda velar por los mejores intereses de la comunidad y lograr con la planificación urbana que la ciudad crezca y se desarrolle con calidad de vida en armonía con el negocio inmobiliario.

Lo que procede es recuperar los planes engavetados, actualizarlos y aplicarlos técnicamente, dirigidos por una autoridad urbana seria con personal preparado, bien equipada y con presupuesto. Solo así lograremos que funcione la ciudad y que sea un sitio para vivir y no un negocio para explotar.

El autor es arquitecto