DENUNCIAS CONTRA EL ESTADO.

Panamá en la mira de los derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, celebró del 11 al 15 de agosto del presente año el XXXV período extraordinario de sesiones en Montevideo, Uruguay, destacándose dos casos: el contencioso entre los familiares del panameño Heliodoro Portugal, dirigente estudiantil que supuestamente fue secuestrado por militares en 1970, cuyos restos fueron encontrados en los terrenos del antiguo cuartel de Tocumen, sin que nunca se diera una investigación efectiva de la denuncia interpuesta por su hija Patria Portugal, así como el caso del abogado Santander Tristán Donoso, el cual se remonta a 1996, cuando supuestamente se le intervino una conversación telefónica con su cliente, siendo divulgada por el ex procurador de la Nación, José Antonio Sossa.

Ambas denuncias contra el Estado panameño, fueron llevadas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, determinándose con posterioridad que ambos casos debían pasar a la Corte.

En este sentido, dichas sesiones han tenido poca cobertura noticiosa, siendo más bien opacadas por noticias que hacen referencia al acontecer político–electoral y la creciente criminalidad, pese a la relevancia que tienen, ya que un tribunal supra–nacional, en virtud del reconocimiento a los derechos humanos, puede condenar al Estado panameño a pagar millones de dólares, tal como ocurrió en el año 2001, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Panamá por el despido de 270 funcionarios, a los que se les acusó en diciembre de 1990 de participar en un supuesto golpe.

Observamos que existe una pobre aplicación de los derechos humanos en Panamá, la cual consideramos obedece entre diferentes factores, a una débil cultura democrática, al desconocimiento de los derechos y deberes de las personas, a la falta de incorporación de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, a la impunidad y a la discriminación, especialmente a los grupos vulnerables, como son los niños, mujeres, discapacitados, comunidades indígenas y otros que representan la base del sistema en que pretendemos vivir y desarrollar, aunque hacemos la salvedad de que Panamá ha dado un gran avance en la protección de dichos grupos vulnerables, especialmente los niños y discapacitados.

Por ello, somos de la opinión de que se deben fortalecer los planes de estudio con materias relativas a los derechos humanos, ya que los derechos fundamentales de los panameños en el sentido cultural, social y económico son sistemáticamente violados, y donde también se encuentran violaciones en lo relativo a los derechos civiles y políticos, tal como hizo saber el Comité de Derechos Humanos en el 92º período de sesiones, específicamente en el examen del informe presentado por Panamá –que generalmente lo hace de manera tardía–, celebrado en Nueva York del 17 de marzo al 4 de abril de 2008, recomendando lo de siempre: que el Estado adopte medidas para poner fin al hacinamiento en los centros de detención, que el Estado tome medidas para reducir el número de personas en detención preventiva, que se garantice que los hábeas corpus se resuelvan con mayor celeridad para garantizar su eficacia, entre otros temas.

Sobre el particular, observamos que el Estado impulsó reformas a la administración de justicia, como ha sido un nuevo Código Penal y Código Procesal Penal, la cual crea la figura del juez de garantías, a fin de evitar el comentado número de personas detenidas preventivamente, así como existe una iniciativa legislativa en la Corte, como es la creación de una jurisdicción especializada en la protección de derechos fundamentales y humanos, la cual a mi parecer es muy atinada, aunque con el polémico debate para muchos sectores, por aquello de la creación de una nueva sala, la cual trae como consecuencia el nombramiento de tres magistrados en la Corte.

Definitivamente Panamá ha realizado muchos cambios positivos en pro del reconocimiento y fortalecimiento de los derechos humanos; sin embargo, todavía faltan temas que carecen de una eficaz protección, como es el de una verdadera tutela judicial efectiva, donde se le imprima celeridad a los procesos judiciales, y para ello, la sociedad en su conjunto, con ayuda de los medios de comunicación, como fiscalizadores de la administración, debe estar mayormente organizada para denunciar cualquier tipo de violación de los derechos humanos fundamentales.

El autor es abogado