FALSA SEGURIDAD.

De la mano dura a la militarización de la sociedad

Atropellos y colisiones de buses y taxis con saldos fatales y ausencia de castigo a los responsables; tráfico caótico en la ciudad capital y en las cabeceras de provincias; violación flagrante a las leyes de servidumbre y construcción de obras; transportistas con deudas millonarias en multas; deudas multimillonarias de empresas concesionarias; asaltos y asesinatos impunes en una proporción cada vez mayor por todo el país; sicariato, lavado de dinero y corrupción sin control. Esto y otra enorme cantidad de hechos que se suscitan en nuestro país son indicativos de un creciente desorden social por graves fallas de los cimientos institucionales que deben sostener un estado de derecho basado en el consenso democrático.

Este clima de indisciplina y relajamiento generalizado de los sistemas de articulación institucional para la buena marcha de los distintos componentes del Estado panameño, ha creado frustración ciudadana y desconfianza; descreimiento interpersonal, aumento de la impunidad criminal y estancamiento en la calidad de vida de amplios segmentos de la sociedad panameña. Surgen mesías de toda naturaleza, llamados a constituyentes originarias y a la lucha de clases.

Ante el temor de parte de los estamentos políticos de perder el control, se lanzan respuestas improvisadas que no terminan de ser evaluadas en su justa dimensión ni bien discutidas; para ser reemplazadas por otras aún más disparatadas, reflejando aferramiento a controles represivos no con miras a reforzar la aplicación de la ley y el control de la criminalidad, sino apego a prácticas superadas de concentración de poder con el fin de asegurar una legitimidad por coerción y no por persuasión.

El Gobierno panameño ante esta grave situación de orden público recurre al único proyecto político–social–económico que ha tenido vigencia y raigambre en Panamá, lamentablemente, en los últimos 40 años: un Estado policíaco comandado por una estructura militaroide y un caudillo paternalista que da “respuestas” por medio de un exuberante derroche oficial llamado con el eufemismo de “agenda social”.

Primero fue la “Mano Dura”, muy criticada por quienes defienden el Estado policíaco que hoy se pretende instaurar en Panamá. Ahora, con el proyecto de ley que tiene como objetivo reestructurar la Fuerza Pública y darle amplias facultades que evidentemente rebasan los límites que establece la Constitución, se camina hacia un “Estado Duro”, una suerte de “dictablanda” con pretensiones de hegemonía total sobre la sociedad en su conjunto.

El boom económico se concentra en sectores porque el estado de derecho no funciona adecuadamente. Lo riesgoso es que cuando ese boom haga ¡bum! y ya no haya recursos suficientes para mantener este neopaternalismo estatal, la situación justifique más militarización por razón de que las causas de la desorganización social y vacío cultural que está haciendo nido en nuestro país se profundicen. Esto por falta de diálogo entre Estado y sociedad respecto a cómo organizar los estamentos de seguridad pública.

Por supuesto las excusas están dadas, lo que desvía el tema fundamental de cuál es el rol del Estado en brindar una de sus funciones esenciales como la seguridad. La Iniciativa Mérida que propone Estados Unidos es el distorsionante del debate. Resulta que si el Gobierno norteamericano quiere, aquí en Panamá habrá una nueva dictadura militar en poco tiempo y no hay nada que hacer.

Costa Rica está bajo la Iniciativa Mérida y no hay ningún elemento en sus estamentos policiales que de pie a un militarismo futuro como en Panamá. Lo que pasa es que la matriz cultural, social e ideológica de varios grupos políticos acostumbrados al totalitarismo han demostrado su eficacia para imponer sus intenciones. Esto ante la falta de un genuino proyecto civilista que fracasó a medio camino luego del 20 de diciembre de 1989. No fue retomado, y se impone por inercia el único modo funcional de regir el país, que es a través de un “papá–policía”. Eso es mejor que un ejército extranjero en territorio nacional según alegan(el nacionalismo ramplón de nuevo).

Si en Panamá se llegó a un gran acuerdo respecto a la desmilitarización, entonces ¿Por qué no se utiliza el mismo método democrático para discutir fuera de poderes extraordinarios y a la carrera, una propuesta para hacer más eficaces los cuerpos policiales de un estado de derecho? Allí deben estar como principios guía la separación de mandos policiales y su exclusiva subordinación al poder civil constituido democráticamente.

El orden público no da visos de mejorar bajo la dirección de un policía de carrera: ese no es el tema fundamental. Se trata de aplicar efectivamente las leyes y de gestionar mejor las instancias de seguridad, dotándolas de recursos y capacitación adecuada. Restringir libertades para estar seguros no es seguridad. Las amenazas al Estado panameño son infinitamente menores que otros Estados que jamás han tenido una dictadura militar.

El autor es miembro de la Fundación Libertad