reclamo laboral.

Despedidos recurren a la CIDH

Un grupo de 36 ex funcionarios despedidos tras la aplicación de la Ley 25 de 1990, informó sobre la presentación –ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de una solicitud de no homologación, para tratar de frenar el pago de 21.9 millones de dólares que les hará el Gobierno en concepto de indemnización salarial.

Manrique Mejía, uno de los 270 despedidos por la Ley 25, reveló que la solicitud se hizo ante el vicepresidente de la Corte, Diego García. “Le explicamos que otro grupo de ex funcionarios negoció a espaldas del resto”. Dijo que el Gobierno no incluyó el pago de la liquidación, el décimo tercer mes, ni la devolución completa del impuesto sobre la renta por 1.9 millón, al cual tienen derecho. Los ex trabajadores, a principios de año, solicitaban el pago de $60 millones.

Este lunes, el Ministerio de Trabajo envió los finiquitos firmados por 180 (dos terceras partes) de los 270 despedidos, requisito que necesitaba para lograr realizar el pago de 21.9 millones de dólares. Desde esa fecha en adelante otros se han sumado, dijo Luis Carlos Pérez, vocero del ministerio. Agregó que solo esperan que la CIDH ratifique los finiquitos para pedir un crédito adicional y hacer el pago a mediados de octubre. Para el que no firma, el dinero se depositará en una cuenta del Banco Nacional.