pacto de estado por la justicia.

Nueva justicia de Paz

Uno de los resultados más importantes del Pacto de Estado por la Justicia fue el acuerdo de abolir la actual justicia administrativa de policía impartida por los corregidores y jueces nocturnos, y en su lugar crear una nueva justicia de paz adscrita al poder judicial con el principal objetivo de evitar el nombramiento y la remoción política de estos funcionarios y los excesivos poderes que tienen estos despachos de justicia comunitaria supeditados al Órgano Ejecutivo.

Hoy, luego de meses de discusión entre el Ministerio de Economía y Finanzas, Procuraduría de la Administración, Órgano Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno y Justicia, organizaciones representantes de alcaldes, municipios y de sociedad civil, hemos logrado definir el modelo de la nueva justicia de paz, que no necesariamente requiere estar totalmente supeditada al poder judicial, pero que sí requiere ser despolitizada. Es decir, el nombramiento de los jueces o juezas será realizado por una comisión técnica encabezada por el poder Judicial.

El modelo propone que los nuevos jueces de paz sean abogados en las áreas urbanas, pero podrán ser personas sin título universitario en las zonas rurales y semiurbanas; en ambos casos deben ser personas de reconocido prestigio en sus comunidades, que no estén inscritas en partidos políticos, ni puedan ser removidas por los alcaldes. Todos deberán recibir una capacitación o inducción previa y continuada sobre derechos humanos, ética, transparencia, métodos pacíficos de resolución de conflictos y funcionamiento de la nueva justicia.

La nueva justicia pretende desjudicializar los conflictos sociales, priorizar por la resolución pacífica de conflictos, e involucrar a la comunidad y los municipios en la búsqueda de soluciones a sus problemas; además de enmarcarse en el proceso de descentralización del Estado. Esta nueva justicia deja a un lado los formalismos judiciales, el excesivo legalismo y se inclina por la equidad, la mediación y la conciliación.

Por ello, cada municipio debe garantizar que en todos sus corregimientos se cuente con una infraestructura denominada “Casa de Justicia”, donde se tenga disponible al servicio de la comunidad un juez de paz y un mediador comunitario, sufragados por el municipio. Antes de acudir al juez de paz, las personas deben tener la oportunidad de resolver sus conflictos por la vía de la mediación.

La nueva propuesta propone eliminar a los corregidores y a los jueces nocturnos y eliminar las medidas de arresto que tienen los corregidores. Los corregidores son una figura de la época colonial, que tienen funciones más represivas que preventivas y con excesivos poderes que no son controlados por ninguna autoridad jurisdiccional.

El país necesita una justicia más apegada a los valores democráticos, que priorice por la prevención y el diálogo en las comunidades, sobre todo en momentos en que somos testigos de tanta violencia, intolerancia y conflictividad en nuestra sociedad. Esta nueva forma de justicia comunitaria es una propuesta pedagógica para la paz y estamos seguros que dará muy buenos resultados en Panamá.

El juez de paz no es el juez tradicional que conocemos, sino un facilitador del diálogo en las comunidades. Esta nueva justicia está orientada a resolver conflictos comunitarios y los casos cuya cuantía no excedan los 500 dólares. Las pequeñas causas que sobrepasen los 500 dólares o los casos que provoquen mayor violencia y peligro social los atenderá la justicia ordinaria, en lo cual le corresponderá a los jueces del poder Judicial hacer su trabajo en el marco del nuevo sistema garantista.

Por otra parte, creemos que este nuevo servicio de justicia no debe ser muy costoso, debe promover el voluntariado y no debe requerir de mucha infraestructura, ni personal. Igualmente no tiene que estar totalmente supeditada al poder Judicial sino funcionar con un sistema mixto de coordinación en el que participen los municipios, la Procuraduría de la Administración y el poder Judicial.

El borrador de la propuesta de ley puede ser revisado en www.alianzaprojusticia.org,pa. En las próximas semanas la Alianza Ciudadana Pro Justicia realizará eventos de difusión a nivel nacional y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que en el mes de septiembre se presente el proyecto de ley a la Asamblea de Diputados. Para la Alianza esta es la reforma más importante de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, porque mejorará el acceso de los ciudadanos a la justicia y aportará al clima de convivencia pacífica que necesita el país.

La autora es directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia