Desacertada ha sido la apresurada decisión del Tribunal Electoral (TE) de prohibir ciertas propagandas políticas, so pretexto de una supuesta lesión a la imagen de candidatos políticos.

Y el desatino radica en que el TE no está llamado a determinar qué tipo de información debe o no recibir el electorado; eso, en buen panameño, no es otra cosa que una burda censura. Y la censura –del tipo que sea– debe ser parte del pasado nefasto y lejano.

Es inaceptable que las autoridades pretendan ampararse en una interpretación laxa y antojadiza de la ley para imponer una peligrosa restricción. Conminamos a los honorables magistrados del TE a que anulen ese errático fallo, que es una flagrante violación a la libertad de expresión y al derecho que tenemos todos, como sociedad, de recibir información.

Si los afectados por la publicidad sienten mancillado su honor o imagen, que repliquen con hidalguía; los votantes estamos ávidos y más que dispuestos a oír las explicaciones, pero no permitiremos sutilezas legales para acallar, ocultar ni mucho menos restringir información.