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Panamá, martes 12 de agosto de 2008
 

en América Latina, un 16% de los niños y niñas son trabajadores del campo.

El trabajo infantil y la dignidad

Johnny Sáurez Sandí

Para vergüenza de ese sector de la familia humana que vive en la opulencia y en muchos casos hasta en el despilfarro, para vergüenza de muchas naciones que con sus logros científicos y avances tecnológicos ya han alcanzado la Luna y más allá, aquí abajo, en la Tierra, más de 250 millones de niños, niñas y adolescentes deben, con sus exiguas fuerzas, llevar día a día el pan a la mesa de sus hogares, si es que en la mayoría de los casos, se les puede llamar hogares.

Según la UNICEF, ningún país rico o pobre, escapa de sufrir las consecuencias devastadoras de este flagelo. Claro está que en el llamado primer mundo el fenómeno es menos impactante, menos visible que en aquellos países subdesarrollados o de renta media. Las cifras son reveladoras: en nuestra América Latina, un 16% de los niños y niñas son trabajadores del campo, realizando ahí faenas agrícolas; otros cientos de miles se encuentran en las ciudades en labores manuales de todo tipo y en todo ambiente, además de que millares deambulan por las calles que son sus “hogares”.

El trabajo infantil deforma al niño y a la niña, no lo prepara para una vida adulta saludable ni decorosa y lo deja sin derecho al disfrute de la etapa, quizá la más importante de la vida, la infancia. El trabajo y la explotación infantil despojan al párvulo de su inocencia, de sus sueños y fantasías y lo arrojan sin misericordia al trajinado mundo de los adultos. En muchos casos, ese llamado trabajo infantil no es más que una forma de explotación, traducida en abuso sexual, laboral, en reclutamiento para las fuerzas militares regulares o irregulares y en muchos casos documentados por organismos internacionales, llegando hasta situaciones de esclavitud.

La indiferencia reinante en muchos países a la hora de tratar este tema tan delicado, ha provocado que el problema no se retraiga, sino más bien que vaya en franco crecimiento. El convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomienda que solo se emplee a niños y niñas mayores de 12 años y únicamente en actividades que no pongan en riesgo su formación. Esta medida, aunque es un intento por paliar o regular el empleo de fuerza laboral infantil, es solo un ensayo bien intencionado, pero que al fin y al cabo no resuelve el fondo del problema; más bien, en cierta medida lo institucionaliza.

Si el infante “tiene” que trabajar por su condición de pobreza familiar, por ser “cabeza de familia” o por cumplir con el papel de principal proveedor, es función del Estado asumir el irrenunciable deber de protegerlo; si el caso es que el niño o niña son obligados por sus padres o por extraños a trabajar, es también función ineludible del Estado, intervenir para frenar la situación y demandar a los infractores.

Sin duda alguna, los Estados están en la obligación de legislar para proteger los derechos fundamentales de los menores; deben proveer las condiciones mínimas y los ambientes de desarrollo adecuados para nuestros congéneres menores, que son, como todos lo sabemos, seres frágiles y en formación.

Al intentar dilucidar los orígenes del flagelo, posiblemente lleguemos a la conclusión de que es el resultado de la pobreza y de la ineficiencia de muchas naciones, de la indiferencia de los países económicamente poderosos, que prefieren destinar sus infinitos recursos a desarrollar y adquirir sofisticadas armas, herramientas de violencia que al fin y al cabo para lo que sirven es para matar seres humanos, sumando así otra plaga a la colección de males que hemos inventado, y lo peor de todo es que lo hemos hecho en pleno ejercicio de nuestra inteligencia.

Solo el desarrollo económico de los pueblos, la disciplina fiscal de los gobiernos y la solidaridad internacional que deriven en educación, salud, vivienda, alimentación y esparcimiento, pueden acabar o al menos paliar esta situación que violenta la dignidad humana y los más elementales derechos innatos de nuestros niños y niñas, que ciertamente serán los arquitectos y los actores de nuestro mundo en el corto plazo.

El autor es ministro consejero Embajada de Costa Rica en Panamá

© 2008. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
 
 
 
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