INVESTIGACIÓN.FISCALÍA DESCONOCE EL NÚMERO DE IMPUTADOS DETENIDOS.

Los enredos de la ‘narcorred’

El fiscal de Drogas de Chiriquí, Javier Soriano, tiene apenas una semana con el expediente de 34 tomos.

Abogados de los imputados sostienen que el Ministerio Público ha violado principios y derechos.

LA PRENSA/Archivo

IMPUTADOS. Entre las 82 personas sindicadas por el caso, 11 eran funcionarios de la extinta Policía Técnica Judicial y 15 de la Policía Nacional.1072785

El pasado 29 de noviembre, lasautoridades del Ministerio Público anunciaron con bombos y platillos la desarticulación de una supuesta red de narcotráfico que operaba en todo el territorio nacional.

Un total de 82 personas, entre estas 11 funcionarios de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) y otros 15 de la Policía Nacional, fueron sindicadas por su supuesta vinculación con la organización.

Sin embargo, ocho meses después del aquel anuncio, ni siquiera el fiscal de Drogas de Chiriquí, Javier Soriano, quien está encargado del caso, sabe con exactitud la cantidad de personas que está realmente detenida, ni cuántas de ellas gozan de medida cautelar.

Por su parte, los abogados defensores de los detenidos advierten que el caso se le cayó a la fiscalía, que los testigos se retractaron y que las violaciones a las garantías constitucionales, derechos humanos y al Código Procesal Penal son inmensas.

Uno de esos defensores señaló, incluso, que hay familias enteras que han demostrado su inocencia, “pero lamentablemente el Ministerio Público dilata el caso para mantenerlas encerradas”.

“Bastó que dos tipos de baja catadura moral dijeran que muchas personas estaban involucradas en negocios ilícitos, para que se montara un show de detenciones sin fundamento, que los tribunales están avalando en desmedro de las garantías y los derechos constitucionales”, advirtió.

En tanto, algunos de los ex miembros de organismos de seguridad que fueron señalados en las investigaciones, aseguraron que hay pánico entre los fiscales.

“Nadie quiere el caso, pues los testigos, Enoch Vidal y Rafael Leiton, se retractaron y afirmaron que los obligaron a declarar contra gente inocente”, dijeron.

“En su primera declaración, Vidal no involucró a nadie y luego mencionó a decenas de personas. Las siguientes indagatorias se hicieron en horas de la madrugada”, confirmó uno de los imputados en el caso.

Enredos del proceso

La investigación fue iniciada por el fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, pero por decisión del Segundo Tribunal de Justicia las sumarias fueron remitidas a Chiriquí, cuyo fiscal de Drogas, Javier Soriano, introdujo un recurso para que se lo declarara impedido de continuar con las pesquisas.

Este recurso mantuvo paralizada la investigación durante un mes. “Me declaré impedido, pues había laborado con varios de los implicados”, aceptó el fiscal.

La juez décima de Circuito de David, María De Gracia, conoció el recurso y rechazó la petición de Soriano, quien, empero, contestó con una recusación.

No obstante, el Tribunal Superior de Chiriquí ratificó la decisión de primera instancia y el caso volvió a la fiscalía.

Como consecuencia de este proceso, el fiscal Soriano solo tiene una semana de estar tratando de conocer los 34 tomos que tiene el expediente, de allí que no sabe con exactitud cuántos de los imputados están detenidos y cuántos han sido beneficiados con medidas cautelares.

Violaciones legales

Más allá del “enredo del proceso”, para el abogado de los sindicados “la administración de justicia ha caído otro escalón más en este caso”, debido a las violaciones legales que se han registrado.

“El Código Procesal, en su artículo 2033, establece que el Ministerio Público tiene cuatro meses para investigar auna persona y se le añaden dos meses si hay más involucrados. Pero esta investigación ya lleva ocho meses [...] Además, el artículo 2034 señala que luego de seis meses se debe remitir el expediente al Órgano Judicial, lo cual tampoco se ha hecho; y el artículo 2036 indica que de no hacerse lo anterior, tendría que sancionarse a los fiscales”, advirtió el abogado.

Pero para el fiscal primero de Drogas, José Abel Almegor, la investigación está blindada.

Almengor ha dicho a este diario que, pese a que los dos testigos protegidos se retractaron, las pesquisas del caso no se caen, pues lo denunciado por Vidal y Leiton fue confirmado mediante una serie de diligencias judiciales, entre estas la interceptación de los teléfonos de varios de los miembros del grupo, acción que fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, la cual, de paso, ratificó como legal sus detenciones.

Además, el fiscal informó que hay jurisprudencia en la propia Corte que señala que la primera declaración de los imputados es la que tiene mayor valor probatorio.

DATOS DE IMPORTANCIA

PESQUISAS: Comienzan en junio de 2007 a partir de una serie de informes de inteligencia que daban cuenta de las actividades del grupo.

TESTIGOS: Enoch Vidal y Rafael Leiton se retractan de sus señalamientos el 16 de junio pasado.

DECISIÓN: El Segundo Tribunal Superior de Justicia ordena remitir las sumarias del caso a Chiriquí.

Acusados se quejan por perjuicios

Moisés Saleh y su esposa, Azizah, llegaron a Panamá hace 22 años procedentes de Nicaragua. Los acompañaban sus hijos Jorge y Salim.

Poco a poco se establecieron en la zona fronteriza y se dedicaron a la venta de ropa.

A mediados de los años 90, los hermanos se independizaron y abrieron una tienda de llantas. Más tarde inauguraron otras cuatro sucursales.

Pero el 28 de noviembre de 2007 se los llevaron presos, como sospechosos de formar parte de la narcorred. Jorge fue liberado ocho días después, mientras que Salim permanece detenido.

Su esposa y abogada, Estela Fong, señala que lo que viven es una pesadilla. “Pasan los meses y a pesar de que hemos presentado pruebas contundentes que descartan cualquier relación con el blanqueo de capital, el caso no avanza, y tampoco se le concede a mi esposo una medida cautelar”, dijo.

Denunció que les cerraron las cuentas bancarias y les suspendieron los créditos de los proveedores. “Mi esposo era un hábil comerciante que sabía utilizar el crédito para generar riquezas, pero eso no es ningún delito, dijo.