ACUERDO EN LEY 25.

Envían finiquitos a la CIDH

El Gobierno envió anoche a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los finiquitos de 180 de los 270 funcionarios despedidos a través de la Ley 25 de 1990, a los que ha logrado convencer de aceptar 21.9 millones de dólares como indemnización.

El ministro de Trabajo, Edwin Salamín, informó que tras el envío de los documentos a la CIDH –que se reunirá el próximo 15 de agosto–, lo que procede es programar los pagos a los ex funcionarios. Para ello el Gobierno solicitaría un crédito extraordinario de 6.9 millones de dólares para pagar una primera partida en 2008, y el dinero restante se cancelaría en los próximos tres años.

Sin embargo, no todos los trabajadores están contentos. Un grupo, encabezado por Manrique Mejía, rechaza que el Gobierno le cancele esa suma de dinero, porque alega que algunas de las víctimas han estado conversando con el Gobierno a espaldas de los demás. “Y entiendo que ellos en un momento dado fueron reintegrados como funcionarios”, sostuvo Mejía.

Agregó que unas 90 personas no corrieron la misma suerte, ya que no les han pagado su liquidación, ni su décimo tercer mes ni los bonos. “Es por eso nuestra lucha; queremos que se haga justicia y se pague lo que es”, recalcó.