PARA TRANSPARENCIA I. CARECE DE VALOR.
Torrijos publica carta a su favor de R. Dominicana
| LA PRENSA/Archivo |
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| Miguel Vargas Maldonado1069784 |
Santiago Fascetto
Unidad de Investigación
sfascetto@prensa.com
El presidente, Martín Torrijos, publicó ayer una carta del secretario de Obras Públicas de República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, en la que certifica que los servicios de asesoría del Consorcio Panaredo “fueron ejecutados de manera satisfactoria”, aunque el escrito no aporta ningún documento que avale esa afirmación.
Consorcio Panaredo –que integraban Consultores y Constructores S.A. (Panamá) y Land & Construction S.A. (República Dominicana)– firmó el 23 de febrero de 2001 un contrato de asesoría con el ex secretario de Obras Públicas Miguel Vargas Maldonado, amigo de Torrijos.
El paquete accionario de Consultores y Constructores S.A. era controlado por Torrijos (40%) y el ex ministro de la Presidencia Ubaldino Real (60%). Del negocio también participó el actual asesor presidencial Luis Blanco
Según el expediente completo del acuerdo –al que accedió este diario–, el contrato se adjudicó sin un concurso público y, además, no se cumplió. Pese a ello, los asesores panameños recibieron 300 mil dólares anuales por sus servicios. El contrato finalizó en julio de 2004. Torrijos ya era presidente electo.
Para Transparencia Internacional –Capítulo Panamá– la carta que envió el Gobierno de República Dominicana –y que hizo pública el Ejecutivo ayer– carece de valor. “Una carta emitida por un ente que permitió que dicha consultoría se realizara pese a las irregularidades ya señaladas, para nosotros carece de valor”, dijo Angélica Maytín Justiniani, su presidenta ejecutiva.
Maytín Justiniani criticó, asimismo, que en el escrito no se mencione la participación en el contrato del ex director legal del Ministerio de Obras Públicas Julio César Martínez, quien inscribió –al mismo tiempo en que ocupaba el cargo– en su bufete privado la sociedad Land & Construction, socia del trío Torrijos, Real y Blanco en el contrato.
“Esta acción representa un conflicto de interés que empaña y deslegitima esta contratación; esto, sin mencionar el hecho de que se realizó sin mediar licitación pública, cuando por el monto debió haberse convocado. Sin embargo, sobre estos aspectos, Díaz Rúa no hace mención alguna”, amplió.
Para el organismo, lo correcto hubiese sido “colocar en el sitio web de la Secretaría de Estado de Obras Públicas los informes mensuales que presentó el Consorcio Panaredo, y así demostrar de manera irrefutable que la consultoría fue realizada, pese a los vicios que ya hemos mencionado”.
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