MINERA PETAQUILLA en Colón.

Piden multa millonaria y suspensión de proyecto

Los grupos ambientalistas celebraron ayer la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de declarar legal el proceso de investigación que adelanta la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en contra de la empresa Minera Petaquilla, por empezar actividades sin el estudio de impacto ambiental.

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) pidieron a la Anam, por separado, una sanción de 10 millones de dólares.

Ciam sustenta su solicitud en que el proyecto minero de cerro Petaquilla, en el distrito de Donoso de la provincia de Colón, ha afectado bosques, suelos y cuencas hidrográficas importantes como el Corredor Biológico Mesoamericano.

ANCON, en una carta enviada a la administradora general de la Anam, Ligia Castro, señala que la petición es por “el enorme impacto ambiental que este proyecto multimillonario ha causado y causará en un área de una inmensa diversidad biológica, acuífera y forestal”.

Las aspiraciones de Ciam van más allá de una multa. También está pidiendo que la Anam suspenda de manera definitiva el proyecto y que el Ministerio de Comercio e Industria no otorgue a la empresa unas 73 mil hectáreas que está solicitando en concesión.

La Salta Tercera de la Corte, con la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona y avalado por los magistrados Víctor Benavides y Jacinto Cárdenas, declaró legales los artículos 3, 4, 5 y 6 del Decreto 209 del 5 de septiembre de 2006, que establece sanciones para las empresas que inicien actividades sin estudio de impacto ambiental .

La empresa Minera Petaquilla había demandado ante la Corte los artículos, por considerarlos ilegales, dentro del proceso de investigación que le sigue la Anam. La empresa también ha alegado que han cumplido con la legislación ambiental, tal como lo establece el contrato de concesión.

A juicio de la empresa, esos artículos no les son aplicables porque el proyecto está amparado en un contrato de concesión aprobado mediante la Ley No. 9 del 26 de febrero de 1997, por lo que es de mayor jerarquía que el decreto. Sin embargo, los magistrados dictaminaron que el contrato de concesión “no tiene jerarquía de ley”.

Las multas más altas

.2007: A Petroterminal de Panamá se le puso una multa de 2 millones 4 mil 678 dólares por el derra-me de crudo en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.

.2004: Promotora Nacional de Vivienda, que desarrolló la urbanización Prados del Este, fue multada con un millón de dólares por incumplir el estudio ambiental.

.2007: Desarrollo Turístico Vista Mar tuvo una multa de 930 mil 923 dólares, por empezar la obra sin el estudio de impacto ambiental.