no al militarismo.

Militarización triple D

Tras el desalojo de la dictadura militar en 1989, el gobierno del presidente Endara, los partidos civilistas y los grupos de presión se abocaron a la desmilitarización del país. Se decretó la abolición de las Fuerzas de Defensa, el vesánico y corrupto ejército de Delgado Diamante, Severino Mejía, Jaime Ruiz, José Gómez, Luis Gordon y el Reverendo Papo. Se dio al conjunto de los servicios de seguridad el nombre de Fuerza Pública, denominación tradicional, constitucional y civil para dicha agrupación de funciones oficiales.

Para impedir la acumulación del poder de las armas en una comandancia central, característica del sistema militarista, se dividió la Fuerza Pública en cinco unidades: la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional, el Servicio Marítimo Nacional, el Servicio de Protección Institucional y la Policía Técnica Judicial. El primero se adscribió directamente a la Presidencia de la República; el segundo, tercero y cuarto, también al Presidente, pero por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia; y el último, al Procurador General de la Nación.

Otras unidades administrativas antes supeditadas al control corrupto de las Fuerzas de Defensa -como la oficina de Migración y el sistema Penitenciario-fueron debidamente reinsertadas en el organigrama del Estado, como dependencias del Poder Ejecutivo legítimamente constituido.

Se tomó la precaución de organizar la Policía Nacional -el más grande de los servicios de seguridad-para prevenir el surgimiento de un liderazgo represivo y corrupto (como el de Remón, Torrijos, Paredes y Noriega) que se involucrase en la política o diese un golpe de Estado (como lo hicieron las fuerzas armadas, recurrentemente, entre 1941 y 1989). A fin de someter a la institución a un saludable control externo (tal cual se practica en muchas organizaciones), se dispuso que no podría ser director del organismo quien perteneciese a la carrera policial.

Se evitó el nombramiento de egresados de academias militares, especialmente en la Dirección General de la Policía, porque la Constitución dispone que la República no tiene ejército y, además, para desarticular los nexos con el militarismo continental, venal y sanguinario, que tantos estragos ha causado en el hemisferio occidental. Con el mismo propósito, se eliminaron las agregadurías militares en las misiones diplomáticas panameñas y las embajadas extranjeras acreditadas en nuestro país.

Tomando en consideración la necesidad de que los policías no siguiesen viviendo en una inadecuada condición de aislamiento social, fueron eliminados el acuartelamiento y los rangos militares de “general” y “coronel”, que ninguna función cumplen en una jerarquía civil (y menos contra la criminalidad). La eliminación del acuartelamiento también estuvo vinculada a la convicción de que era necesario tratar humanamente a los policías. Se estableció la jornada laboral regular en ocho horas, a fin de que el policía no se desnaturalizara y pudiese vivir en familia, como un miembro normal de la sociedad.

El proyecto desmilitarizador del civilismo panameño prevaleció, durante algunos años, sobre el proyecto torrijista que anhela el predominio de la gorilera corrupta, arbitraria y ramplona en la vida nacional. Las administraciones que siguieron a la del presidente Endara tomaron algunas medidas dirigidas a reforzar el carácter civil de la Fuerza Pública. Durante el gobierno de Pérez Balladares se adoptó la Ley 18 de 1997, Orgánica de la Policía Nacional, aún vigente, que el Torrijos de turno y Delgado Diamante contravinieron al nombrar a Jaime Ruiz en la jefatura de la Policía Nacional. Durante el gobierno de Mireya Moscoso, Panamá denunció los convenios de asistencia militar con Estados Unidos y suscribió, con Costa Rica, la Proclama Conjunta por la Desmilitarización de Centroamérica (2001).

Mientras tanto -sin embargo- el Frankenstein militarista se iba reengendrando dentro de las entrañas del partido de La Chola, que a su vez fue obra y gracia de los gorilas de patio. Ahora, con el muñeco que pasea, cuyo limitado cacumen no da para entender la gravedad de estos asuntos, los militares pretenden volver a constituirse en árbitros de la vida política nacional. Sus acciones hacia ese fin están dirigidas por uno de los más peligrosos herederos del militarismo, Delgado Diamante, cómplice de Noriega y su lacayo de Solís Palma, a quien el informe de la Comisión de la Verdad le dedica una página de espanto.

La refundición de unidades antes separadas en el Servicio Aeronaval, la creación de entidades militares como el “servicio de fronteras”, el nombramiento ilegal de un militar y miembro de la carrera policial en la jefatura de la Policía Nacional, la defenestración de la PTJ, la adscripción del servicio de investigaciones judiciales a la Policía, el entrenamiento militar de agentes de la Fuerza Pública, el recibo de ayuda militar extranjera por los servicios de seguridad, la participación de la Fuerza Pública en ejercicios militares, la acreditación de agregados militares extranjeros, el ensoberbecimiento de los agentes de la Fuerza Pública, el abuso de la ciudadanía a manos de dichos agentes, la adopción de disfraces y armamentos militares y otros fenómenos perniciosos que se observan en la conducta y actividades de los organismos de seguridad forman parte de la militarización Triple D (demente, degenerada y demoníaca) que los mandones de turno pretenden imponer, trabajando sin descanso hasta el último día.

Usted, que lee esto, ¿se lo va a aguantar? Es tiempo de poner en su lugar a Delgado Diamante y sus secuaces. Ya que los partidos “opositores” no se dan por aludidos, urge la reactivación de la Cruzada Civilista, constituida por todos los grupos de presión del país, antes de que amanezcamos con un ejército expoliador y destructivo en nuestro medio, cuyos atropellos e ilegalidades conduzcan a otra invasión.

El autor es catedrático de Ciencias Políticas y fue director general de Política Exterior