CONTRATACIONES PÚBLICAS. ASAMBLEA NACIONAL PODRÁ CONTRATAR SIN LICITACIÓN PÚBLICA POR HASTA 50 MIL DÓLARES.

Contratos de consultoría, sin licitación

El Gobierno podrá contratar consultorías por hasta 300 mil dólares sin necesidad de realizar una licitación.

Los proyectos energéticos podrán darse en forma directa si son considerados de beneficio social.

LA PRENSA/Archivo

Pedro Miguel González1062998

La excepción se volvió la norma. O, en otras palabras: lo que debería ser inusual dejó de serlo. Los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas, y que aprobó la Asamblea Nacional el último 10 de julio, abrieron la puerta para que el gobierno de Martín Torrijos tenga vía libre para firmar contratos o consultorías sin pasar por el proceso de licitación pública.

Según los cambios, el Ejecutivo podrá contratar servicios de consultoría hasta por 300 mil dólares sin necesidad de realizar ningún concurso.

También se agregó un párrafo a la norma que incluye dentro de los contratos de “urgente interés local o beneficio social” a todos los proyectos energéticos e hídricos. Es decir, la construcción de los proyectos energéticos podrá llevarse adelante sin licitación pública.

Kuzniecky, sin información

El secretario de Energía , Dani Kuzniecky, aseguró que desconocía esos cambios que realizó la Asamblea Nacional y agregó: “Sería interesante saber cuál fue el espíritu de la modificación”.

Kuzniecky aclaró, sin embargo, que para lograr adjudicaciones de obras energéticas los interesados deben presentarse a una licitación pública organizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. “No hay nada que yo conozca que se haya cambiado de las reglas”, agregó.

Para Kuzniecky, las modificaciones deben tener origen en el Ministerio de Economía y Finanzas, el organismo que presentó la ley a la Asamblea Nacional.

También los cambios a la norma de Contrataciones Públicas permiten a la Asamblea Nacional celebrar contratos por hasta 50 mil dólares en forma directa. Este artículo no estaba incluido en la ley original que giró el Ministerio de Economía y Finanzas. “Esa excepción la incluyeron los diputados”, dijo a La Prensa una fuente parlamentaria.

“Las precitadas reformas lejos de fortalecer la transparencia, la menoscaban”, subrayó Angélica Maytín Justiniani, presidenta Ejecutiva de Transparencia Internacional, Capítulo Panamá. Este diario intentó ubicar, sin éxito, al presidente del Poder Legislativo, Pedro Miguel González (PRD), para consultarle sobre las reformas.

“Para que la Asamblea Nacional le pasara esta nueva Ley, el Ejecutivo también le dio su caramelo por medio de esa modificación”, opinó el economista Frank de Lima.

¿Sin responsabilidad?

El director general de Contrataciones Públicas, Edilberto Ruiz Miró, señaló que PanamáCompra solo es administrador del sistema de adquisiciones del Gobierno y que el encargado de redactar la nueva ley fue el Ministerio de Economía y Finanzas. “La Dirección General de Contrataciones Públicas es autónoma y no forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo.

“Nosotros somos administradores del sistema “PanamáCompra”, agregó.

Ruiz Miró afirmó, no obstante, que los cambios refuerzan lo que ya existía. En ese sentido, comentó que en el Decreto 366 (del 28 de diciembre de 2006) que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas se incluía a los proyectos energético e hídricos dentro de los contratos considerados de urgente interés local o de beneficio social lo que les permitía evitar el acto de licitación pública.

También Ruiz Miró dijo que la reglamentación –y ahora la ley– contemplaba que las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad del Estado no pasarían por el proceso de selección de contratistas.

Según la nueva norma que aprobó la Asamblea Nacional, en el caso de que dichas compras sean menores a tres millones de dólares, el Ministerio de la Presidencia deberá autorizar la adquisición en forma directa.

O, en el caso que supere ese monto, será el Consejo de Gabinete el que dará la luz verde para gastar ese dinero sin ningún tipo de concurso.

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ENFOQUE.
Las reformas menoscaban la transparencia

Angélica Maytín Justiniani
opinion@prensa.com

OPINIÓN . Las precipitadas reformas, lejos de fortalecer la transparencia la menoscaban. Sitios web como Panamacompra fueron creados para hacer expeditos los procesos de adquisición pública, no visualizar la justificación para reformar la ley y obtener tantas excepciones a los procedimientos de selección de contratista y tener la vía libre para realizar contratos directos.

Han flexibilizado las normas y han dejado un amplio margen a la discrecionalidad, lo que es muy grave. Hace más de 20 años, el profesor Robert Klitgard creó la fórmula para definir la corrupción, y en estas reformas están presentes varios de esos elementos.

La fórmula de Klitgard era: M (Monopolio) + D (Discrecionalidad) – T (Transparencia) = C (Corrupción)La autora es presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional Capítulo Panamá.

Sin control las indemnizaciones a los transportistas

Dentro de las modificaciones a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, la Asamblea Nacional incluyó un artículo sin ninguna relación con esta norma. Modificó la Ley del Transporte para habilitar a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a fijar el monto de indemnización en función del proceso de modernización del transporte “sin necesidad del avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General”.

En otras palabras: la propia junta directiva de la Autoridad del Tránsito -que integran, entre otros, los propios buseros- decidirá el monto que el Gobierno le pagará a los transportistas para poder sacar a los llamados “diablos rojos” de las calles y avanzar así en la implementación del nuevo Plan de Movilidad Urbana y Modernización del Transporte (Transmóvil). Ni el MEF ni la Contraloría podrán evaluar los montos a pagar.

La Prensa llamó en varias oportunidades al coordinador del plan, Leonel Solís, para que explique los alcances de esta modificación. No obstante, el funcionario no contestó las llamadas.

“Los diablos rojos deben ser reemplazados en su totalidad”, dijo ayer Solís en el programa de televisión Debate Abierto. “No estamos indemnizando la concesión, porque es del Estado; vamos a compensarlos por la inversión y el servicio que han prestado los transportistas”, amplió Solís.

Por su parte, Luis Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, dijo ayer a este diario que “esto es un negocio” con una “plusvalía”, por lo que sin importar la edad de los buses, no aceptarían un precio menor a su valor original de adquisición.

Las indemnizaciones que reciban los transportistas, además, estarán exentas del pago de impuesto o contribución.