El castellano lengua oficial.

El manifiesto

La división de España en Comunidades Autónomas tiene un fin práctico a efectos de gobernabilidad, pero tiene también un sustento histórico en los distintos reinos medievales, por hacer un somero –y doméstico– resumen de la organización territorial del Estado. Además, el paisaje, los recursos y los factores culturales propios dan a sus hijos un sentido de pertenencia que no diluyen las migraciones internas. El que más o el que menos confiesa no solo que es, sino que se siente de un lugar definido, aunque no falten los esnobs que se las dan de cosmopolitas.

Una de las diferencias más acusadas es el lenguaje, bien porque el acento y el léxico los identifiquen a la primera palabra que pronuncian, o bien porque en la región se hable y se escriba, junto con el castellano, un idioma vernáculo, como el catalán y el gallego, lenguas románicas ambas, o el euskera, cuyo origen data de bastante antes de la invasión romana. España es, por naturaleza, un país plurilingüe.

El régimen franquista, en su afán centralizador, declaró el castellano único idioma oficial, y prohibió el uso público de los otros, que aun así sobrevivieron.

Que le restrinjan a uno el idioma materno debe de ser tan limitante como la amputación del pulgar.

Una vez en democracia, la Constitución de 1978, en el artículo tercero, especifica en su apartado 1. que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; en el 2. que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, y en el 3. que todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido.

Y ahí está el problema, porque con el transcurrir de los años y el empuje de los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, el apartado 1 y 2 entran en conflicto. El castellano es lengua oficial en todo el territorio, pero en las Comunidades Autónomas también son oficiales sus idiomas, por lo que, especialmente en Cataluña, cada vez es más frecuente que la enseñanza en colegios y universidades se imparta en catalán y tan solo se den unas horas de castellano como materia.

En la práctica, los catalanes son bilingües al 100%. No van a perder oportunidades de tipo alguno por palabra más palabra menos. Los que no lo tienen fácil son los monolingües, no porque no puedan comunicarse –cuando hablas en castellano en Cataluña todo el mundo te entiende y te responde– sino porque el índice de fracasos de este grupo es alto, y puede a la larga coartar sus posibilidades de trabajo en entidades públicas catalanas.

La polémica es intensa.

A finales de junio, un grupo de intelectuales, entre ellos Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, presentaron en el Ateneo de Madrid el “Manifiesto por una lengua común”, que no ha pasado inadvertido a la opinión pública.

En el documento se defiende que aunque todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas, solo una de ellas –el castellano– es común y oficial en el territorio entero y goza del deber constitucional de ser conocida por todos, y por tanto, “que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo bilingüe, no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública”, dado que ello derivaría en la “discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano”.

Los firmantes solicitan del Parlamento español una normativa legal para fijar, entre otros, los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a todos los ciudadanos españoles.

2. (…). Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. (…)

5. Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero (…)

El Manifiesto ha caído en terreno baldío, pero ha levantado polvareda. El primer punto sobra, pues todos los españoles hablan y entienden el español. El segundo, exigiría una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos, aunque las lenguas co oficiales no tienen por qué ser tratadas como lenguajes de segunda; sería retroceder en el tiempo, y el quinto, atenta contra la legislación europea que admite en su seno el uso de cualquiera de las lenguas oficiales españolas.

El asunto se aliviaría si los nacionalistas le dieran mayor cabida al castellano y si los monolingües nos acercáramos más a las lenguas autonómicas, que también son nuestras, e incluso las aprendiéramos. Sumar nunca hace daño. Pero habiendo, como las hay, consideraciones políticas de parte y parte y muchos prejuicios, ambas cosas son improbables.

La autora es filóloga