REFORMAS. PRESIDENTE PROMETE DISCUTIR PÚBLICAMENTE TEMA DE SEGURIDAD.

Director de la PN podrá ser un civil o un uniformado: Torrijos

El mandatario explicó que los cambios a la estructura de la Fuerza Pública son debatidos en el Gabinete.

El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, dio detalles sobre su gira a Estados Unidos.

CORTESÍA/Presidencia de la República

FACULTAD. Con los poderes especiales que le confirió la Asamblea Nacional, el Presidente también creará el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio de Fronteras.1060215

El presidente de la República, Martín Torrijos, rompió el silencio. Ayer se refirió por primera vez, desde que era candidato presidencial, al asunto de la designación de un uniformado como director de la Policía Nacional (PN), tema incluido en los poderes especiales que le otorgó la Asamblea Nacional para legislar por decreto.

A juicio de Torrijos, la designación de un uniformado al frente de la PN no será de obligatorio cumplimiento para los gobernantes que sean elegidos en el futuro. Explicó, en ese sentido, que tras la reforma que impulsa su equipo de gobierno, sus sucesores tendrán mayores opciones para escoger al director de la PN: un civil o un uniformado.

La reforma, que es discutida por el Consejo Gabinete desde el pasado 1 de julio, busca modificar el artículo 41 de la Ley 18 de 1997 o Ley de la PN.

“Primero estamos haciendo un debate interno y luego, terminado ese debate, vamos a conversar con los grupos que tengan alguna preocupación, para explicarles cómo vamos a hacerle frente a la necesidad de seguridad que requiere la ciudadanía”, precisó Torrijos.

El mandatario también usará los poderes especiales para crear el Servicio Nacional Aeronaval –que supone la desaparición de los servicios Marítimo y Aéreo– y el Servicio Nacional de Fronteras, actualmente bajo la tutela de la PN.

Gira internacional

Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, dio detalles ayer –a través de un comunicado de prensa­ de la gira que realizó en Estados Unidos entre el 7 y 11 de julio pasados y durante la cual se reunió, entre otros, con el secretario de Defensa de ese país, Robert Gates.

Según el ministro, la visita sirvió para exponer a las autoridades estadounidenses la visión y lo que está haciendo Panamá en materia de seguridad, sobre todo en lo que respecta al combate al narcotráfico y al crimen organizado.

En ese sentido, afirmó que Gates se comprometió a “buscar mecanismos para respaldar los esfuerzos de Panamá”.

“No fuimos a pedir nada, no planteamos cifras en términos de recursos, pero sí dimos a conocer nuestra visión y planificación para combatir el tráfico de drogas, que es la principal amenaza a la seguridad regional y pone en riesgo nuestra seguridad interna; y sobre la importancia de la cooperación internacional en esta materia, dentro de un marco de respeto a la independencia y las normas constitucionales y legales de nuestro país”, dijo.

Sobre la ejecución del Plan Mérida, el ministro reiteró que Panamá recibirá 10.8 millones de dólares en dos años, que serán invertidos en “entrenamiento operativo y capacidad de investigación judicial; intercambio de información criminal; equipo de inspección y seguridad en puertos de entrada; prevención criminal; comunicaciones y gestión penitenciaria.

(Con información de Leonardo Flores, Rafael Pérez G. y Rafael Luna Noguera).

Los actos delictivos, en aumento

La violencia doméstica y los delitos perpetrados con armas de fuego encabezan el creciente fenómeno de la violencia en Panamá, reconoció Danilo Toro, director del Programa de Seguridad Integral (Prosi).

Toro atribuyó el aumento de actos delictivos a cinco factores, entre los que mencionó la ruptura con el sistema escolar, el crimen organizado (narcotráfico, tráfico de armas), y cambios en la dinámica de transmisión de valores. En un estudio que realizó el Prosi, dijo, el 66% del total de la población penitenciaria de un poco más de 11 mil detenidos, no terminó su primer ciclo. Un 43% de ellos no había culminado la primaria.

Pero hay más cifras. El 20% de los partos que se registran en el país, dijo, corresponde a mujeres cuya edad promedio es 16 años.

Toro reconoció que los planes tienen acciones a corto, mediano y largo plazo, pero las “soluciones sostenibles”, dijo, son a mediano y largo plazo. “Aquellos que prometen soluciones instantáneas corren el grave riesgo de violar los derechos humanos”, dijo. El Prosi, agregó Toro, ha invertido 3 millones de dólares, de los cuales 2 millones se destinaron al sistema integrado de estadísticas.