COMPORTAMIENTOS.

Derecho de admisión

Luego del cierre de algunos establecimientos de diversión en la calle Uruguay, un grupo de empresarios estuvo en una radioemisora para expresar la inconveniencia de la congregación de jóvenes “de mal aspecto” y de elementos “indeseados” en esa calle, trayendo en consecuencia un incremento en las acciones delictivas, criminales y de moralidad en el área. Se habló de la necesidad de volver a ejecutar el famoso derecho de admisión, de exigir la creación de nuevas leyes y de dotar a los guardias de seguridad de una lista de excepciones respecto a atuendos y conductas. Igualmente pidieron más policías para impedir la congregación de criminales.

El sentido común dicta que en una sociedad libre no se puede castigar a la mayoría por los crímenes de una minoría. Tampoco, abortar el crimen cerrando todos los lugares donde creemos que es posible que ocurra. Estaríamos simplemente trasladando el problema de un área a otra. Nos estamos convirtiendo en una nación enfermiza y perturbada que quiere legislar de acuerdo con lo anómalo, a lo aberrante y lo sensacional, en vez de lo estudiado, lo estadístico o de principios. Cada episodio horrible o penoso no requiere de reglas nuevas. Parece que queremos intercambiar un sistema basado en derechos donde se limita el poder del Gobierno, por un sistema paternalista donde cedemos al Gobierno carta blanca para determinar quiénes son los malos panameños.

Cada norma nueva crea un nuevo grupo de “criminales”, de personas que antes no lo eran. Pensar que la creación de nuevas leyes o reglas puede ser eficaz para traer paz a nuestras comunidades es ridículo. Lo que es peor, la aplicación de forma desigual de las leyes o reglas de convivencia puede contribuir a crear más disputas y alienar más a ciertos miembros de nuestra sociedad, donde tal alienación es en sí la raíz última del comportamiento antisocial extremo. Tales reglas o leyes solo permitirán a las autoridades moldear y homogeneizar nuestra cultura, imponiendo sus paradigmas sociales dominantes sobre las minorías. Nuestros oficiales gubernamentales no pueden ni deben hacer distinciones, en principio, sobre lo que constituye una reunión inocente o de características perversas en ausencia de indicativos claros de conductas criminales.

Por otro lado, ninguna lista de excepciones va a prevenir que policías o guardias de seguridad ejecuten la ley o las normas basados en sus propios prejuicios sociales, culturales o raciales. Los guardias de seguridad estarían libres para ahuyentar e impedir acceso a cualquier persona que fracase su evaluación o test personal de actitudes. De decidir quién es VIP y quién es indeseable. Al fin y al cabo, todo se reduce a intolerancia y discriminación.

La evolución en las prácticas de discriminación, racismo e intolerancia en nuestra sociedad definitivamente requiere de una vigilia constante de parte de las autoridades y de la sociedad. ¿Seguirá esparciendo esa enfermedad o irá desvaneciendo? ¿Perderán su apelación los mitos y leyendas fantásticas sobre las cuales se basan, al elevarse el nivel educativo de los panameños? ¿O al contrario, podrán los grupos racistas poderosos y educados encontrar la posibilidad de suscribir a una ideología absurda como lo hicieron muchos intelectuales alemanes bajo Hitler?

Las mejoras en la relación social y racial de los diversos grupos étnicos en el país solo serán posibles cuando por educación y exhortación, por las leyes y por su implementación y acatamiento, los grupos racistas son impedidos de comportarse de forma perjudicial hacia otros grupos étnicos.

Muchos jóvenes y adultos de la etnias negra y blanca están en interacción cotidiana constante, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en deportes y en otras actividades. ¿Bajo cuáles criterios se intenta ahora excluir o impedir su interacción en reuniones sociales? ¿A qué tipo de mentalidad le importa el color de la gente que está a su alrededor en actividades y reuniones sociales públicas?

El autor es planificador jubilado