INFORME.coalición colombiana contra la tortura.
400 casos de trato cruel
Eric Sottas expresó que uno de los principales responsables de las torturas es el propio Estado.
‘Se corre el riesgo de que las personas encargadas de hacer respetar la ley acudan a toda clases de métodos’.
| AP |
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| DERECHOS HUMANOS. A los grupos armados ilegales también se les atribuyen serias violaciones a las libertades individuales, tanto de civiles como de militares.1060057 |
BOGOTÁ, Colombia/EFE
Unas 400 personas fueron sometidas a torturas en Colombia entre 2004 y 2007, de las cuales 92 quedaron con vida, en acciones atribuidas a agentes del Estado y a los grupos armados ilegales, según datos de una Organización No Gubernamental citados ayer por la prensa local.
El estudio fue realizado por la Coalición Colombiana Contra la Tortura, que señala que los tratos crueles afectaron el año pasado a 93 personas, 66 de las cuales murieron.
La ONG está formada por entidades como la Organización Mundial contra la Tortura, la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos y la Corporación Reiniciar.
El director de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas, dijo al diario El Espectador de Bogotá que fue complicado documentar todos los casos por las dificultades que tienen las ONG para conseguir información en Colombia.
Sottas expresó que uno de los mayores responsables de las torturas es el propio Estado y que en un país que sufre los rigores de un conflicto armado interno, el Derecho Internacional Humanitario también debe ser respetado por los grupos armados irregulares.
“En situación de guerra, el derecho humanitario corresponde a ambas partes. En ese caso, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen una responsabilidad dentro de los convenios internacionales. El hecho de que tomen rehenes es un crimen. La cuestión es que, en el tema de torturas, no tenemos documentados todos los casos”, dijo el experto. Asimismo, Sottas alertó sobre el riesgo de que aumenten las violaciones de los derechos humanos cuando un gobierno ordena a las Fuerzas Militares incrementar la lucha contra los alzados en armas, al analizar la llamada “política de seguridad democrática” puesta en marcha por el presidente Álvaro Uribe. “Se corre el riesgo de que las personas encargadas de hacer respetar la ley acudan a toda clase de métodos para hacer sus investigaciones.
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