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REFORMAS. queda a discreción del gobierno exceptuar las licitaciones.
Podrán comprar sin vigilancia
Para adquirir suministros para la seguridad ciudadana no se aplicará la autorización de la contratación directa.
Transparencia Internacional advierte sobre la ‘suspicacia’ que genera la forma como se aprobó la nueva norma.
| LA PRENSA/Archivo |
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| recursos. Las autoridades pretenden reforzar los estamentos de seguridad, adquiriendo nuevos equipos.1056862 |
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Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
El Gobierno nacional excluyó de los procedimientos contenidos en la Ley de Contrataciones Públicas la adquisición de “suministro, servicios u obras” relacionados con la “seguridad ciudadana, presidencial y del Estado”.
La nueva medida aparece dentro del paquete de reformas parciales que la Asamblea Nacional aprobó al filo del término de su período legislativo que culminó el pasado 30 de junio, y que está pendiente de su respectiva sanción por el presidente, Martín Torrijos.
“Para las adquisiciones de suministros, servicios u obras que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado, no será aplicable el procedimiento de selección de contratista ni la autorización de contratación directa de la presente ley”, se señala en un nuevo párrafo incluido al reformado artículo 56 de la Ley 22 de 2006.
En los casos en que dichas adquisiciones sean menores de 3 millones de dólares –según el proyecto de ley–, el ministro de la Presidencia o quien él delegue, deberá autorizar esa condición. Cuando las adquisiciones sobrepasen los 3 millones de dólares serán autorizadas por el Consejo de Gabinete.
Tales enmiendas se producen, precisamente, cuando el Consejo de Gabinete se dispone a hacer uso de sus facultades extraordinarias, que le otorgó la cámara de diputados, para legislar a través de decretos y reformar entidades públicas de seguridad.
La iniciativa de reformas contempla, entre otros puntos, la creación de un Servicio Nacional de Fronteras, cuya base de operaciones se ubicará en la selvática provincia de Darién, y le abre al mandatario la posibilidad de nombrar a un uniformado como director en la Policía Nacional (PN) y en el Servicio de Protección Institucional (SPI).
En la actualidad, las disposiciones legales que respaldan a ambas entidades establecen que su director será un civil que no pertenezca a la carrera policial.
Desde Washington, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, intentó apaciguar las voces críticas que advierten que detrás de estas reformas se esconde el interés de revivir la estructura militar que gobernó el país entre 1968 y 1989.
Dudas
En Panamá, mientras tanto, Angélica Maytín Justiniani, directora del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), advirtió ayer sobre la “suspicacia” que genera la forma en que estas reformas parciales fueron aprobadas.
“Entendemos que se vive un período de mucha inseguridad, y que el Gobierno requiere adquirir equipo para enfrentar esta situación, pero en teoría, la reforma que sufrió la Ley de Contrataciones Públicas en 2006, fue para hacer más expeditos y transparentes esos procesos”, recalcó.
“¿Cuál es la justificación para realizar esa reforma ahora?”, se preguntó Maytín Justiniani. Al respecto, Edilberto Ruiz, director de Contrataciones Públicas, dijo anoche que la iniciativa, propuesta por el Ejecutivo, refuerza la institucionalidad de esta dirección para permitir su desarrollo.
Respecto a las excepciones que la norma establece, Ruiz se limitó a comentar que “son las instituciones –que la ley faculta para aplicar esas causales– las que tienen que motivarla, apropiadamente, y someterlas a consideración de las autoridades que la ley define como competente”.
La enmienda también permite la excepción de contratistas en los actos celebrados por la Asamblea Nacional, hasta 50 mil dólares, que estén autorizados por la directiva de ese órgano estatal.
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